La Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación descartó la presentación de Mendoza sobre las excepciones para desactivar el trámite judicial y la batalla que le inició La Pampa por las aguas del río Atuel será definida por el tribunal que comanda Ricardo Lorenzetti.
El conflicto comenzó tras un fallo de la Corte nacional en 1987, que consagró "la interprovincialidad del río". Después de años de demora, los entonces gobernadores de Mendoza y La Pampa, Francisco Pérez y Oscar Jorge, respectivamente, firmaron un acuerdo por el uso de las aguas del río.
Dicho consenso establecía un cronograma de obras para producir un ahorro en las pérdidas por infiltración del Atuel a través de la impermeabilización de los canales de la red primaria y secundaria de riego en el sur mendocino. El objetivo era recuperar 10 metros cúbicos por segundo que serían repartidos en igual proporción entre las dos provincias.
A fines de 2013, Jorge anunció una nueva presentación en el tribunal que preside Lorenzetti y Mendoza contestó con diversas presentaciones. Ahora, con el fallo del 7 de junio último de la procuradora subrogante, Laura Monti, el camino para que defina la Corte -con las flamantes incorporaciones de los magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- quedó despejado.
El conflicto es mirado de cerca por el Gobierno nacional. Desde que asumió en diciembre pasado, la gestión de Cambiemos busca optimizar los recursos de las distintas provincias y procura la mejora de los mismos, incluso en los cuidados. Por caso, en las últimas giró poco menos de $286 millones para sanear el lago Nahuel Huapi, por la grave situación ambiental que atraviesa por el vertido de líquidos cloacales.



