Los fiscales especiales mendocinos, bajo la lupa

El hecho ocurrió el miércoles pasado —16 de diciembre— pero se conoció en las últimas horas. Tiene que ver con un curioso pedido de la Procuración General de Mendoza, que ordenó revisar casi 1.000 expedientes a cargo de los fiscales especiales de la provincia Daniel Carniello —ahora separado de su cargo y reemplazado por Juan Manuel Bancalari—, Claudia Ríos y Santiago Garay.

Dos de los tres funcionarios judiciales lo confirmaron al Post este lunes.

Según Sitio Andino, quienes llevaron a cabo la tarea habrían sido dos empleados de la Procuración, quienes “llegaron a la fiscalía, con el pedido expreso del procurador Rodolfo González, de secuestrar 300 expedientes a cada magistrado, la mayoría de estos, con detenidos”.

En ese contexto, por lo que pudo saber este diario, lo que buscaría la Procuración son eventuales irregularidades por parte de los fiscales. Lo que se desconoce es qué hará en caso en encontrarlas.

Esto ocurre a un mes de haber sido desplazado el fiscal especial Carniello y enviado “transitoriamente” a una fiscalía de Guaymallén, a cuyo exintendente, Luis Lobos, el mismo funcionario imputó una semana antes por fraude al Estado en su modalidad de administración fraudulenta.

Entonces, cuando aún no queda claro por qué ocurrió lo que ocurrió con Carniello, sucede este nuevo hecho. 

Mientras tanto, en estas horas en la Procuración de la provincia solo reina el silencio.

Mientras tanto, los fiscales han optado por el silencio, escépticos por lo que pudiera ocurrir.

No obstante, consultado por este diario, Carniello admitió que “no es normal para nada” que se revisen tantos expedientes. Por su parte, Ríos decidió no hablar al respecto.

A su vez, la abogada Carolina Jacky, quien reveló a este diario la avanzada de la Procuración, advirtió: “Esto me hace pensar o mal pensar”.

Dicho sea de paso, Jacky tiene en carpeta una denuncia contra el Procurador mendocino por nombrar de manera irregular dos asesoras fiscales.

"González omitió los nuevos requisitos legales y nombró dos AF que no rindieron concursos de antecedentes y oposición del art. 40, ni cumplen los requisitos del art. 41 para ser Ayudantes Fiscales Interinos, porque no eran al momento de tomar el cargo personal de las Fiscalías de Instrucción", dijo la abogada a este diario.

Ver además: ¿Carpetazo? Remueven a Carniello y le quitan el Caso Lobos

Se trata de Sandra Gagliardi y Isable Pérez Palacios, "ambas se desempeñaron casi un año en el cargo, luego de lo cual a advertir que no habían rendido las sacaron y ahora una de ellas se encuentra justamente rindiendo para el cargo de Ayudante Fiscal, lo que prueba que jamás aprobó antes el concurso", añadió Jacky, quien culminó diciendo:

"La gravedad del tema también deviene de las consecuencias, los Ayudantes Fiscales son los únicos funcionarios letrados de las Oficinas Fiscales y por tanto si su nombramiento es nulo, acarrea la nulidad absoluta de todas las actuaciones en las que participó, y teniendo en cuenta que las causas en penales se inician en las Oficinas Fiscales dónde trabajan acarrea la nulidad de todos los expedientes que se abrieron con denuncias o procedimientos con su firma....".

Así las cosas, mientras termina el año y el nuevo gobierno termina de acomodarse, extrañas movidas se suceden en el ámbito de la Justicia local.

Ello, en el más absoluto mutismo. En esta ocasión, a contramano de lo que dice la célebre frase... el silencio no es salud.