Escándalo en la UNCuyo, ahora Ingeniería

Como dice la conocida frase del saber popular: tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo. 

Es que, luego del escándalo generado por la compraventa de materias en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) —del cual el Post ha revelado detalles virtualmente escabrosos—, un nuevo nubarrón se cierne sobre esa casa de estudios.

En esta ocasión no tiene que ver con la Facultad de Ciencias Sociales, sino con la de Ingeniería e involucra al mismísimo decano, Daniel Santiago Fernández, acusado de falsificación de documentación pública, un delito federal.

Todo, de acuerdo a evidencia que obra en poder de este diario, nace de las severas incompatibilidades en el desempeño de su tarea como profesional docente en la UNCuyo.

Para entender la cuestión, debe mencionarse que Fernández ostenta simultáneamente una dedicación exclusiva en esa casa de estudios y al mismo tiempo presenta tres dedicaciones simples como profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza (UTN FRM). Entre todo lo que hace, el decano suma 70 horas semanales, lo cual viola la reglamentación vigente: se trata de las ordenanzas 28/2000CS y 12/2000R.

Allí se especifica que la máxima dedicación que puede tenerse es de 50 horas a la semana, lo cual, según la misma normativa, tiene especial relevancia para el desempeño de cargos de personal superior. 

Como sea, según pudo saber el Post, la incompatibilidad se viene dando desde agosto del año 2014, momento en el cual asumió Fernández. Eso sí, en la declaración jurada del propio decano, que puede verse a continuación, no aparecen los tres cargos en la UTN FRM.

Ello denota el mencionado delito federal, falsificación de documento público, tipificado en las mimas reglamentaciones de la Universidad, que prevé la iniciación de un sumario y hasta el juicio académico a quien viole por falsedad u omisión su declaración jurada de cargos. 

En este contexto, debe mencionarse que la información no es nueva: por caso, el rector de esa universidad, Daniel Pizzi, recibió con lujo de detalles una nota fechada el pasado 15 de abril donde se le hizo saber qué estaba ocurriendo. 

Una copia de la misma llegó a manos del Consejo directivo de la Facultad de Ingeniería y los decanos de todas las facultades.

Allí se detalla lo aquí referido y se aclara que se trata de una “falta grave a la ética y una ofensa hacia la Institución Pública Universidad Nacional de Cuyo, es decir un funcionario público del más alto rango que debería ser modelo a seguir por docente y personal”.

La misma nota denuncia a su vez que “la declaración jurada obligatoria fue falseada en lo sustancial por omisión y como lo establece el artículo 13 de la ordenanza 28/2000CS, la falsedad de la información presentada dará lugar a la realización de los sumarios correspondientes pudiendo ello ser causal de juicio académico”.

Ver además: UNCuyo, compraventa de materias y mentiras judiciales

Por si acaso, los denunciantes le recuerdan a Pizzi que “la inacción ante una denuncia de este tenor puede dar lugar a considerar mal desempeño del funcionario público responsable de controlar la situación planteada”.

A pesar de esa advertencia, ninguno de los que recibió la misiva de marras ha dicho nada al respecto, aún cuando la documentación respaldatoria de las incongruencias es elocuente per se.

La única salvedad la aporta Pizzi quien, en una suerte de intento por mostrarse activo, emitió la resolución 1599/2015 a efectos de “investigar” lo ocurrido. La norma fue refrendada el 15 de mayo de este año y hasta la fecha nada ha sucedido. Como se dijo, los documentos probatorios son irrefutables.

Más aún, en un acta —la número 13— correspondiente a una sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería del día 5 de mayo de 2015, el propio Fernández reconoció textualmente haber “solicitado licencia en las horas respecto de lo que la normativa permite y actualmente no está en incompatibilidad”. Ello denota un reconocimiento tácito de su accionar.

Frente a todo lo aquí mencionado, resta preguntar: ¿Por qué prevalece el silencio de la UNCuyo?

La cuestión es simple: si la denuncia es falsa, ¿por qué no difundir el resultado de la información sumaria?

¿O es que acaso se confirmó la veracidad de la misma? En tal caso, ¿se va a permitir que persista trabajando en esa casa de estudios un decano con un delito federal comprobado?

Las preguntas se acumulan, solo resta lo esencial: que alguien se anime a responderlas antes de que se rompa el cántaro.