El Senado aprobó el pasado jueves una ley que garantiza la gratuidad de las universidades públicas y excluye la posibilidad de implementar exámenes que restrinjan el ingreso.
Las universidades públicas no podrán tomar examen de ingreso
Desde el jueves, existe una nueva ley que garantiza la gratuidad de las universidades públicas y excluye la posibilidad de implementar exámenes que restrinjan el ingreso.
El proyecto fue impulsado por la diputada Adriana Puiggrós (FPV). Ya había logrado media sanción en 2013 en Diputados y el miércoles a la noche fue aprobado en Senadores, con el apoyo de la UCR, el Peronismo Federal y el bloque Progresistas, y con el rechazo del PRO, que también había votado en contra en la Cámara Baja.
Esta ley, también flexibiliza los requisitos para mantenerse como alumno regular y establece que el Estado no podrá disminuir sus aportes a las universidades públicas.
La nueva norma modifica la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, de 1995. Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 2 bis, que explicita que las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas y decreta “la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa”.
A partir de ahora cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. Hasta ahora los estudiantes debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos.
Ahora la ley garantiza la gratuidad de las universidades públicas y excluye la posibilidad de implementar exámenes que restrinjan el ingreso.
Otro punto clave es que se define el acceso como “libre e irrestricto” y se cierra la puerta al examen de ingreso, un mecanismo que en la práctica algunas universidades implementan bajo la modalidad de cursos de nivelación.
Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella, le dijo a Clarín que “la universidad gratuita es sobreutilizada por los sectores socioeconómicos más ricos. El 50% de los jóvenes del quintil más rico de la sociedad asisten a la universidad, contra solo el 10% del quintil más pobre”. Y agregó: “El ingreso irrestricto se presenta como un sistema igualitario, pero no lo es tanto. Los alumnos universitarios de los sectores más pobres tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios antes de graduarse que los de los sectores más ricos. Entonces, el sistema es democrático –y hasta por ahí nomás– en el ingreso, pero selectivo en el egreso”.
