Lo que no se cuenta sobre la venta de carnets de conducir en Mendoza

Dicen que el hilo se corta por lo más delgado… es, en realidad, un dicho del saber popular. La historia que se está por contar demostrará que esto es así.

Tiene que ver con la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Claudia Ríos, referida a la compra-venta de carnets de conducir.

Según publicó el Post este fin de semana, el foco está puesto en la venta de turnos, sobreimpresión de credenciales, falsificación de firmas y serias irregularidades en escuelas de conducir que no estaban habilitadas.

En ese contexto, se ha imputado a policías, ex policías, particulares y dueños de agencias de conductores.

Lo curioso del caso es que esa indagación dio comienzo a raíz de una investigación periodística que este cronista hizo a fines de mayo de 2014 en otro medio mendocino, sobre la base de nueve fuentes de información: tres de ellas, policías que trabajaban en Tránsito; cuatro, titulares de escuelas de conducir; uno, encargado de la oficina que controla esos establecimientos y, el último, funcionario del Ministerio de Seguridad.

En esos días, quien escribe estas líneas pudo determinar cuatro maneras de acceder al preciado carnet esquivando la vía legal:

1-Vía directa: una persona puede abonar hasta 5.000 pesos por una licencia de conducir; las mayores irregularidades se evidencian en Lavalle, Maipú y Las Heras fundamentalmente. El necesitado alega que la requiere rápido para presentar un CV y le ofrecen esta forma de pago y obtención.

2-Vía "rapidita": no sólo se consigue la licencia sino también todo el resto de la documentación que necesite la persona para presentarla en el organismo que se lo requiera; se expiden con rapidez desde certificados de buena conducta hasta cualquier otro documento que le exijan al individuo.

3-Vía virtual: una persona llama y por teléfono "alguien" le recibe los datos y los va cargando al sistema sin necesidad de que el interesado asista a la dependencia habilitada para expedir la licencia. Se le da un código al interesado y luego se acerca al lugar, se le toma una foto y listo.

4-Vía sale o sale: cuando alguien va a rendir y le va mal, afuera de la dependencia alguien lo espera y le facilita el carnet a módico precio.

Todos los detalles y nombres de los involucrados se volcaron en la misma nota periodística, con pelos y señales. Bien básico, como para que un fiscal actuara de oficio sin tener que indagar mucho más.

Es lo que pasó, o al menos lo que parecía que había pasado: como se dijo, Claudia Ríos metió sus narices y comenzó a indagar al respecto, sustanciando un voluminoso expediente.

Lo curioso es que, en lugar de avanzar sobre los responsables, la funcionaria judicial decidió imputar a algunos de los denunciantes.

Tal el caso de Darío Donoso y otros policías, que aportaron su propio testimonio a este periodista. Algunos de ellos, de Maipú, como Barroso, Cañizares, Rodríguez y Villar. Todos ellos hoy están imputados por prestar sus claves para utilizar el sistema de confección de carnets de conducir.

“No solo imputaron a los que denunciamos, sino que también se metieron contra Verónica Camargo, de Sipemon, que es otra de las que denunció todo el sistema, y los medios mendocinos publicaron cualquier cosa, ninguno chequeó nada”, dijo Donoso (foto) al Post en las últimas horas, consultado para esta nota.

Y añadió: “Me gustaría saber por qué nadie se mete con Sonia Martí que trabaja con un tal Chuky, un intermediario que tiene muchos antecedentes y al que le dieron igual un certificado de buena conducta”.

Por lo que pudo saber este diario, Martí hoy aparece como jubilada y, efectivamente, nadie la ha puesto en aprietos. Por su parte, Chuky —cuyo nombre real es Marcelo Costa— se encontraría prófugo en Córdoba. Tampoco nadie parece estar buscándolo.

Este diario habló con la fiscal Claudia Ríos, quien relativizó la imputación contra los denunciantes: “Donoso no está imputado en este expediente, hay otra causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que ya se verá cómo avanza”.

-A uno le llama la atención que todo avance en un sentido y no sobre los que parecen verdaderamente responsables.

-Yo voy a avanzar hasta donde tenga que avanzar, siempre sobre la base de la prueba que vaya apareciendo.

-¿Por qué contra los denunciantes todo avanza rápido, como el caso de Verónica Camargo?

-En el caso de Camargo, hay una escucha telefónica que la complica. Al principio ella no estaba siendo investigada. Cuando llego a Lavalle, ya veo algunas situaciones y ella me dice que el encargado anterior —Guardia— se había llevado las actuaciones. Luego aparece este dato que te comento, de la escucha.

-¿Cómo es el detalle de esa escucha?

-No puedo mencionarlo, porque es parte de lo que estamos investigando.

Por lo que pudo saber el Post, se trataría de una escucha que se le hizo oportunamente al chofer de un Comisario General llamado Carrizo, quien estaría siendo investigado.

Bajo sospecha

Según las fuentes consultadas en su momento por este periodista, que volvieron a ser consultadas en los últimos días, las responsabilidades llegan hasta los funcionarios más importantes.

En tal sentido, uno de los más mencionados es el director de Seguridad Vial de Mendoza, Erwin Cersósimo. Asimismo, aparecen otros funcionarios de relevancia del mismo organismo, todos ellos involucrados de lleno en este rentable negocio.

“Erwin hasta cobraba para habilitar escuelas, es así”, sostuvo Donoso a este diario, acompañando documentación respaldatoria, que surge de un expediente que investiga a una conocida escuela de conducir.

Como sea, hay un dato en el que coinciden todos los que han intentado investigar la compraventa de carnets de conducir: es virtualmente imposible combatir el sistema.

“Empecé a visitar las escuelas, a ver cómo funcionan. Me empiezan a mandar gente a decirme quién era yo para controlar a esos establecimientos”, confesó al Post la directora de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza.

-¿Usted pudo comprobar en persona cómo se comercializaban los carnets?

-Era algo que se rumoreaba por todos lados y nadie decía nada en voz alta. Cuando se crea la Unidad de Seguridad Vial, me pide el gobernador que me encargue de los centros de emisión de carnets de conducir. Lo intento, pero no logro avanzar más que en algunas visitas en Las Heras, San Carlos y Tupungato.

-¿Qué ocurre después de las visitas?

-Vamos a Las Heras, vemos al intendente y no pasa nada. Vamos a Tupungato y no pasa nada. Nadie quería colaborar.

-¿Por qué cree que ocurrió eso?

-Me armaron una operación porque me meto con los CELs (Centro de Emisión de Licencias Nacionales). Me meto con el poder.

-¿Con qué poder?

-Con el Ministerio de Seguridad me enfrento. Y cuando veo que todo está relacionado con las escuelas, voy a ver al gobernador, que me dice que siga avanzando.

-¿Qué hizo usted?

-Tuve sendas reuniones con Comperatore (Leonardo, ministro de Seguridad) y con Martínez Palau (Diego, exministro de Transporte). Comperatore me pidió que tuviera paciencia, que la transición iba a ser paulatina.

Al mismo tiempo, el gobernador me decía que quería que se abran CEL y se cerraran los sitios departamentales.

-Lo cual no consiguió…

-No, el poder lo tiene el Ministerio de Seguridad, lo cual no es demasiado transparente.

-¿Por qué?

-Los alumnos son evaluados por un instructor del Ministerio de Seguridad. Les dan clases, los evalúan y encima el Ministerio tiene la potestad del registro provincial de infracciones.

-Se ve que es un gran negocio…

-60 millones de pesos ingresan al Ministerio de Seguridad, según me dijeron desde allí.

-¿Alguna vez le mencionaron a Erwin Cersósimo?

-Sí. Aunque te aclaro algo: este no es un tema partidario.

La escuela que nadie menciona

A pesar de las denuncias rimbombantes, de los testimonios que se acumulan y un expediente judicial que crece día a día, las escuelas de conducir sospechadas siguen funcionando como si nada. Una de ellas tiene denuncias por escrito que rozan el escándalo.

Se trata de Tecnicar.Net, donde la sorda pelea entre tres hermanos desnuda una trama que borda lo surrealista. Se trata de David, Bernabé y Marcela De los Ríos.

En el contexto de una denuncia que reposa en la Justicia, David admite que en 2013 le fue entregada la matrícula A-66 para ser instructor de manejo sin haber rendido “examen alguno”.

Luego, el denunciante refiere algo más grave: “Durante el tiempo que trabajé, habré firmado unos veinte certificados en total para dicha escuela. Tengo entendido que desde entonces la escuela Tecnicar.Net ha emitido certificados de idoneidad de manejo en los cuales ha insertado en forma irregular mi firma”.

Por si cupiera alguna duda, David refiere más adelante, en el mismo escrito, que su signatura fue falsificada. Para comprobarlo, solo basta comparar la firma de la denuncia de marras con la de los certificados emitidos luego de su salida de ese lugar, como el que puede verse a continuación:

Su hermano Bernabé no fue menos y declaró que nunca trabajó para Tecnicar.Net: "Si existe alguna documentación o certificados firmados a mi nombre los mismos no los he hecho yo y no son válidos".

En su declaración, tampoco dejó bien parada a Marcela: "Que tanto mi hermana, como su hijo Horacio y su pareja Mauricio Matus realizan actos no acordes al funcionamiento normal de una escuela, como vender certificados a personas que no hacen cursos, etc".

Bernabé incluso declara algo inquietante, vinculado a la política: "Tanto Marcela como Mauricio se jactaban de que ellos no iba a tener inconveniente alguno alguno porque eran íntimos del señor Erwin Cersósimo, Sonia Martí (...) Cuando habilitaron la escuela fue a ver al señor Martín Palau (sic) y este le dijo 'pase compañera que le firmo la habilitación'. También tiene mucha amistad con el señor Rubén Boris, que son todos compañeros de la militancia partidaria".

Ante semejante panorama, ¿cómo es posible que Tecninar. Net siga funcionando como si nada y los que denunciaron sus irregularidades hayan sido apartados e imputados?

Más aún, ¿quién se animará a investigar la trama que roza al poder político, que aparece mencionado una y otra vez en las denuncias?

Consultada a ese respecto, la fiscal Ríos se excusó de opinar. "Llegaré hasta donde tenga que llegar", insistió, sin mayores precisiones.

Acto seguido, aseguró a este diario que trabaja de manera incansable para tratar de dilucidar la trama. "Tengo 30 causas vinculadas con lo de las licencias de conducir", advirtió.

Mientras esto ocurre, en algún de Mendoza hoy se seguirán vendiendo carnets a personas que no saben conducir. Luego, es probable que alguno de esos "compradores" protagonice un inevitable accidente, justamente porque no sabe manejar.

El círculo vicioso comenzará una y otra vez, en una dinámica imparable y perversa. En el contexto de una trama donde la policía, la política y algunas escuelas para conducir se han unido en una suerte de asociación maldita... y mortal.