Familiares de los chicos sordos que fueron víctimas de abusos sexuales en el colegio católico comenzaron los juicios civiles. Reclaman daño moral.
Víctimas del Próvolo piden más de $3 millones
Los familiares de los chicos sordos que fueron víctimas de abusos sexuales en el instituto Próvolo de Mendoza comenzaron los juicios civiles, para ser indemnizados por los daños morales que sufrieron.
Las causas están en manos de los abogados Juan Manuel Lavado y Leandro Rodríguez Pons, colaboradores de la ONG Xumek. Rodríguez Pons confirmó al Post que por ahora hay tres causas iniciadas y notificadas al Arzobispado de Mendoza, pero aseguró que se sumarán más a medida que se vayan concluyendo las pericias psicológicas sobre las víctimas.
En un principio, las demandas han solicitado trabar un embargo sobre el dinero que el municipio de Luján de Cuyo pagó por el predio en el que funcionaba el instituto. Rodríguez Pons señaló que "por ahora cada embargo pedido está por encima de los $3 millones".
No mucho para discutir
Rodríguez Pons agregó que la confesión de Jorge Bordón, el monaguillo que reconoció las violaciones en un juicio abreviado en el que fue condenado a 10 años de cárcel, "deja en claro que los hechos ocurrieron y no son discutibles, ahora lo único discutible es el monto del daño".
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El abogado aclaró que el planteo realizado se basa no sólo en una indemnización monetaria, sino también en la solicitud de medidas tendientes a elaborar protocolos para evitar la repetición de esta clase de delitos, como por ejemplo un reconocimiento de los hechos y disculpa púbica de la Iglesia Católica.
"Estas víctimas tienen diversos grados de secuelas que necesitan tratamiento y por eso también se pide un resarcimiento económico", aclaró.
La venta, una traba
Rodríguez Pons señaló que la venta del predio del instituto por parte de la Obra San José al municipio de Luján de Cuyo significó un problema importante, ya que era ese inmueble el bien con el que podían responder las demandas civiles. "Ahora la solvencia de San José está comprometida".
Por eso, lo primero que hicieron los demandantes fue pedir al juez que trabe embargo sobre los pagos que la Municipalidad de Luján ya hizo por el predio.
"Se hizo un negocio inmobiliario a costa de las víctimas que perjudicó procesalmente y económicamente a las víctimas al venderlo por mucho menos plata.", explicó.
Por otro lado, el abogado señaló que "hay mucha burocracia e irregularidades en este caso que no debería haber, por ejemplo la Dirección de Personas Jurídicas no nos quiso mostrar el expediente de la Obra San José, hubo oficios que pedimos y que 'se perdieron', varias cosas que demoraron las causas. No creo que sea por ninguna connivencia ni con un propósito de complicar las causas pero sí está claro que se trata como si fuera una causa común y no lo es porque hablamos de personas discapacitadas, con mucha vulnerabilidad, de escasos recursos y víctimas de delitos aberrantes."
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