Las sanciones de Trump contra la CPI generan controversia.
Va más allá: Trump impone sanciones a la Corte Penal Internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones económicas y restricciones de viaje contra individuos vinculados a las investigaciones de la Corte Penal Internacional(CPI) sobre ciudadanos estadounidenses y aliados como Israel.
La medida, que repite una acción tomada durante su primer mandato, ha generado reacciones mixtas a nivel internacional. La CPI condenó las sanciones y solicitó apoyo a sus 125 estados miembros para garantizar la seguridad y continuidad de su trabajo. "El tribunal apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia", afirmó en un comunicado oficial. Esta decisión coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, quien también es objeto de investigación por parte del tribunal.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada al país para los afectados y sus familias. Esta no es la primera vez que Washington adopta medidas similares, ya que en 2020, bajo la administración Trump, se sancionó a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a uno de sus asesores por investigar presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán.
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Sin embargo, no se han revelado aún los nombres de los nuevos sancionados. Mientras algunos países como Países Bajos han expresado su rechazo a las sanciones, otros aliados de Trump, como el primer ministro húngaro Viktor Orban, han sugerido que es momento de reconsiderar la participación en la CPI.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión dentro de los territorios de los estados miembros o cometidos por sus nacionales.
Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte del tratado que rige la CPI. La reciente orden ejecutiva de Trump llega después de que un intento republicano por establecer un régimen de sanciones fuera bloqueado en el Senado estadounidense. Mientras tanto, la CPI ha tomado medidas para proteger a su personal ante posibles restricciones financieras, asegurando el pago anticipado de salarios y explorando vías para mantener su operatividad.
Desde la CPI advierten que estas sanciones podrían socavar gravemente su funcionamiento y poner en peligro su existencia. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, señaló en diciembre que estas medidas afectarían la capacidad de la CPI para investigar crímenes internacionales y garantizar justicia para las víctimas. Además, la corte enfrenta presiones no solo de Estados Unidos, sino también de Rusia, que ha prohibido la entrada al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, tras la emisión de una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Estos ataques simultáneos ponen en entredicho el papel del tribunal y su capacidad para actuar sin interferencias políticas.
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