Los 27 países acordaron endurecer las políticas migratorias y crear centros fuera del territorio para agilizar la deportaicón de los inmigrantes ilegales.
La Unión Europea aprobó la creación de centros de deportación
Los 27 países de la Unión Europea aprobaron un paquete legislativo que marca un giro en la gestión migratoria del bloque. Las nuevas normas -respaldadas por la mayoría de los Estados miembros- buscan restringir el acceso al territorio comunitario y acelerar las expulsiones, pese a que las cifras de cruces irregulares cayeron en el último año.
El objetivo es claro: elevar los obstáculos para el ingreso y agilizar los procedimientos de deportación. Para ello, la UE dio luz verde a una herramienta clave y polémica: la creación de centros de retorno fuera de sus fronteras. Estos espacios funcionarán como destino para las personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas, manteniéndolas alejadas del territorio comunitario hasta que se concrete su expulsión.
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La nueva legislación también endurece las penalizaciones para quienes permanezcan en la UE pese a una resolución negativa, e introduce una novedad de peso: la posibilidad de enviar migrantes a terceros países considerados "seguros", aunque no correspondan a su nación de origen. La medida abre un marco legal amplio que, según especialistas, podría redefinir el mapa de responsabilidades internacionales.
Magnus Brunner -comisario europeo y principal impulsor del proyecto- fue explícito sobre el trasfondo político:
"Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo", afirmó.
España y Francia marcan distancia
Aunque la mayoría fue contundente, no todos los Estados miembros avalan sin reparos la estrategia. España expresó dudas sobre la efectividad real de los centros de retorno, recordando experiencias previas fallidas en la externalización de la gestión migratoria. Para Madrid, el modelo corre el riesgo de convertirse en un sistema costoso, ineficaz y difícil de supervisar.
Francia también se desmarcó parcialmente. Su delegación objetó aspectos legales y operativos de las medidas, alertando sobre la fragilidad jurídica que podría abrir la puerta a impugnaciones futuras. Ambos cuestionamientos no frenaron la aprobación, pero evidencian grietas en un consenso que, hacia adelante, será puesto a prueba.
Cuotas, dinero o rechazo: la otra negociación en disputa
En paralelo al endurecimiento de las fronteras, Bruselas negoció un aspecto igualmente sensible: el reparto interno de solicitantes de asilo. La propuesta busca aliviar la presión que soportan países en primera línea, como Italia y Grecia, estableciendo un mecanismo de solidaridad obligatoria. Los Estados deberán recibir personas en su territorio o, en su defecto, compensar con 20.000 euros por cada migrante no aceptado.
Algunos países como Polonia y Hungría se negaron tanto al cupo migratorio, como a la cuota por rechazarlos.
Así lo explica un eurodiputado polaco:
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF1 | Se viraliza el video de un eurodiputado polaco en el que defiende la soberanía de su país contra la inmigración ilegal: "No recibiremos a ningún musulmán. Ni uno. Es lo que nuestra gente espera de nosotros, es la razón por la que Polonia permanece segura. A mí me importa mi... pic.twitter.com/YyzXGaIiHp
— La Derecha Diario (@laderechadiario) November 22, 2025
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