La primera tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia dejó más preguntas que respuestas. Legisladores de ambos partidos cuestionan el ritmo y el nivel de censura aplicado al material sobre Jeffrey Epstein.
El Gobierno de EE.UU. liberó archivos del caso Epstein y dejó más dudas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó esta semana la primera entrega de archivos vinculados a la causa contra Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores. La difusión responde a una ley aprobada por el Congreso que obliga a transparentar parte del material reunido durante la investigación, aunque el contenido dado a conocer fue menor al esperado y con amplias tachaduras, según informó Associated Press (AP).
La documentación incluye miles de registros, en su mayoría fotografías tomadas durante allanamientos a propiedades de Epstein y de sus colaboradores. Sin embargo, una porción significativa del material aparece editada o incompleta, bajo el argumento oficial de resguardar la identidad de las víctimas y evitar daños colaterales. Desde el propio Departamento de Justicia reconocieron que aún queda una cantidad considerable de archivos sin publicar.
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La publicación inicial generó malestar en el Congreso, incluso entre legisladores que impulsaron la norma de desclasificación. Varios referentes republicanos y demócratas coincidieron en que la entrega quedó lejos de las expectativas creadas y advirtieron que el organismo no estaría cumpliendo con los plazos fijados por la ley. El reclamo apunta tanto a la demora como a la falta de explicaciones detalladas sobre qué material permanece bajo reserva.
Entre los documentos difundidos aparecen referencias y registros fotográficos vinculados a figuras públicas que mantuvieron algún tipo de relación social con Epstein. Se mencionan imágenes del expresidente Bill Clinton y del príncipe Andrés, aunque ninguno de ellos enfrenta cargos en la causa. El nombre de Donald Trump también surge de manera marginal en los archivos conocidos hasta ahora, un dato que alimentó el debate político en plena disputa por el control del relato público.
De acuerdo con el reporte de AP News, el Departamento de Justicia admitió que no llegará a cumplir algunos de los plazos establecidos para completar la desclasificación. La explicación oficial vuelve a apoyarse en la necesidad de revisar caso por caso para evitar la exposición de víctimas y testigos. No obstante, desde el Congreso advirtieron que insistirán con pedidos formales y audiencias para forzar una mayor apertura.
El caso Epstein sigue siendo uno de los expedientes más sensibles de la política y la justicia estadounidense, tanto por la gravedad de los delitos investigados como por las conexiones del financista con sectores de poder económico y político. La expectativa ahora está puesta en las próximas entregas de documentos y en si el Gobierno logrará equilibrar la demanda de transparencia con las restricciones legales que invoca para justificar las demoras.
