Corrieron a un influencer defensor de la política migratoria de Trump

Cientos de opositores de la intervención federal hicieron retirar a una figura conservadora Jake Lang, quien organizó la Marcha contra el Fraude en Minnesota.

Corrieron a un influencer defensor de la política migratoria de Trump

Por: Federico Lemos

Las tensiones en Minneapolis han aumentado en medio de una amplia operación de control migratorio federal que el Departamento de Seguridad Nacional describe como una de las más grandes de su historia. El despliegue -parte de la denominada Operación Metro Surge- ha enviado miles de agentes federales, incluidos ICE y la Patrulla Fronteriza, a Minnesota para detener a inmigrantes indocumentados, lo que ha generado protestas diarias y fuertes críticas de líderes locales.

Recientemente, una manifestación contra este operativo superó a una pequeña concentración pro-control migratorio vinculada al trumpismo. Cientos de opositores de la intervención federal hicieron retirar a una figura conservadora Jake Lang, quien organizó la Marcha contra el Fraude en Minnesota, y se enfrentaron con quienes apoyan las medidas, evidenciando la división local sobre el tema.

 El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron demandas para bloquear las acciones de la fuerza federal, argumentando que el despliegue y las tácticas son inconstitucionales y alteran la vida cívica. 

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En respuesta a las quejas por el accionar de los federales, un juez impuso restricciones sobre cómo pueden interactuar los agentes con manifestantes pacíficos -incluyendo prohibiciones sobre el uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias- subrayando el rechazo legal en curso contra la operación. 

  Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EE. UU. abrió una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para determinar si sus críticas públicas a las redadas y sus declaraciones sobre los agentes federales podrían constituir obstrucción a la aplicación de la ley migratoria. Ambos funcionarios niegan irregularidades y califican la pesquisa federal como motivada políticamente.