El expresidente Yoon Suk-yeol podría ser condenado a pena de muerte

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol conocerá el veredicto por cargos de insurrección vinculados a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que derivó en su destitución y abrió múltiples frentes judiciales en su contra.

La sentencia será anunciada a las 15:00 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl y se transmitirá en directo a nivel nacional. En juego no sólo está su futuro político, sino también la posibilidad de una condena a la pena de muerte, una sanción que Corea del Sur mantiene formalmente en su legislación aunque no aplica ejecuciones desde 1997.

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El caso se centra en la decisión adoptada por Yoon el 3 de diciembre de 2024, cuando declaró la ley marcial bajo el argumento de proteger al país de "fuerzas antiestatales". La medida fue anulada pocas horas después por el Parlamento, en medio de protestas masivas que sacudieron Seúl y otras ciudades. Meses más tarde, en abril de 2025, el entonces mandatario fue destituido por violar la Constitución al imponer el estado de excepción.

El proceso por insurrección es el más grave de los cuatro expedientes abiertos en su contra directamente relacionados con la ley marcial. En enero, el exmandatario ya fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia. Los otros dos casos vinculados a la crisis institucional incluyen acusaciones de abuso de poder -por el presunto envío de drones a Corea del Norte con el objetivo de generar una escalada que justificara el estado de excepción- y de perjurio en el marco del juicio contra el ex primer ministro.

El antecedente inmediato que condiciona el clima previo al fallo es la reciente condena contra el ex jefe de Gobierno Han Duck-soo, quien recibió 23 años de prisión por su participación en la implementación de la ley marcial, una pena superior a la solicitada por la fiscalía. En esa sentencia, el tribunal calificó la maniobra como un acto de insurrección encabezado por la cúpula gobernante, una definición que ahora pesa directamente sobre Yoon.

Desde el oficialista Partido Democrático, las declaraciones anticipan un reclamo de castigo ejemplar. Dirigentes de esa fuerza señalaron que el expresidente no ofreció disculpas ni mostró arrepentimiento por lo ocurrido, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una sanción severa.

A pesar de ello, una gran parte de la población surcoreana defiende tanto a Yoon como a la decisión de declarar la Ley Marcial para investigar el posible fraude en las elecciones. 

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