La ofensiva se centra en cortar el flujo de dinero que sostiene a bandas como el PCC tras el operativo más mortífero en Río.
Brasil apunta al corazón financiero del crimen organizado
El gobierno brasileño lanzó en los últimos días una batería de medidas para bloquear cuentas, incautar bienes e investigar empresas que habrían servido para integrar dinero del narcotráfico a la economía formal, en especial en el estado de São Paulo.
La ofensiva llega después del operativo en Río de Janeiro que dejó al menos 121 muertos y que reavivó la presión política y policial sobre las redes delictivas.
Las pesquisas se orientan a desarticular las estructuras financieras del Primer Comando de la Capital (PCC) y otras organizaciones que, según los investigadores, habrían volcado fondos ilícitos mediante comercios y estaciones de servicio.
Las autoridades estiman que los montos blanqueados podrían alcanzar 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024; por eso ordenaron congelamientos de cuentas y allanamientos empresariales.
La operación también detectó el uso de plataformas digitales y transferencias rápidas para mover capitales. En paralelo, la Policía Federal investiga un ataque informático que habría permitido extraer 813 millones de reales (unos 150 millones de dólares) desde cuentas que utilizaban el sistema de transferencias PIX; ese episodio abrió otra línea de pesquisa sobre la vulnerabilidad de intermediarios tecnológicos ligados a bancos.
El Ejecutivo respaldó la estrategia con cambios legales y cooperación internacional: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una norma que endurece sanciones contra el crimen organizado y las fuerzas de seguridad coordinan órdenes de prisión y medidas judiciales en varios estados, con contactos en España, Portugal y Argentina para seguir a sospechosos y activos fuera de Brasil.
Analistas locales advierten que golpear las fuentes financieras puede ralentizar la operativa de las bandas, pero subrayan que el éxito dependerá de la coordinación entre fiscalías, bancos y plataformas tecnológicas para rastrear y cortar rutas de lavado cada vez más sofisticadas.
