La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.
Viñateros vs. Sturzenegger: las claves del conflicto y qué piensa Cornejo
La vitivinicultura quedó atrapada en una disputa que excede lo técnico. El eje es una decisión del Gobierno nacional, encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reconfiguró de forma drástica el marco normativo del sector y encendió alarmas entre productores y entidades históricas.
Según resoluciones oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se derogaron cerca de mil normas que regulaban la actividad. El objetivo declarado fue simplificar trámites y reducir costos administrativos. Entre esos cambios, uno concentró el mayor rechazo: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) dejó de ser obligatorio y pasó a tener carácter opcional.
Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a una realidad concreta. De acuerdo con datos citados por Sturzenegger, casi el 45% de los productores no utilizaba el CIU aun cuando era exigido por la normativa vigente. Para el ministro, ese incumplimiento generalizado expone que el sistema era una carga burocrática sin impacto real y que su eliminación libera a la industria de regulaciones innecesarias.
La lectura es muy distinta del otro lado del mostrador. Entidades como la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Acovi advierten que el CIU no es un simple formulario, sino una pieza central del sistema de trazabilidad, control de origen y seguridad jurídica. Temen que, sin ese respaldo documental obligatorio, se debiliten los mecanismos que permiten saber de dónde proviene la uva y bajo qué condiciones fue elaborada.
Los viñateros alertan sobre posibles riesgos para la reputación del vino argentino en mercados internacionales cada vez más exigentes, donde los estándares de control y certificación pesan tanto como el precio o la calidad. También señalan que los pequeños y medianos productores quedan más expuestos al perder una herramienta formal que respaldaba su producción ante eventuales conflictos.
Ver más: Fuerte reacción de Vargas Arizu contra Sturzenegger: "Es una falta de respeto"
Más allá del posteo en X del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, criticando a Sturzenegger, el propio gobernador tuvo declaraciones públicas posicionándose del lado de las federaciones vitivinícolas. El lunes, antes de que estallara el conflicto público, Alfredo Cornejo declaró: "Él (por Sturzenegger) sabe cuál es mi posición y sabe categóricamente que yo apoyo al sector en que haya un control profesional que garantice trazabilidad y calidad para no perder la marca de nuestros vinos". Agrego que "le hemos entregado una nota con los fundamentos".
La tensión escaló al plano judicial después de que cámaras del sector presentaron un amparo ante la Justicia Federal de Mendoza para frenar la aplicación de la desregulación y reclamar que el CIU vuelva a ser obligatorio. Fue ese el hecho detonante que desató el enojo de Sturzenegger, quien comparó la actitud de los viñateros con la de la AFA durante conflictos judiciales recientes y sugirió que detrás del amparo hay intereses corporativos que buscan conservar privilegios y limitar la competencia.
Las declaraciones de Cornejo:
Bodegas de Argentina vs. Coviar
Más allá de las posturas adoptadas por las asociaciones mencionadas, la desregulación y particularmente la no obligatoriedad del CIU expuso las diferencias entre Bodegas de Argentina y COVIAR, esta última también apuntada por Sturzenegger.
Bodegas de Argentina adoptó una postura de respaldo a la desregulación al considerar que el nuevo sistema no pone en riesgo la trazabilidad ni la calidad del vino. Según su visión, los controles concentrados en las etapas finales de la cadena son suficientes y permiten mejorar la competitividad del sector, reducir costos administrativos y adecuar la vitivinicultura argentina a estándares más flexibles, en línea con mercados internacionales donde el énfasis está puesto en el producto terminado.
Ver más: Sturzenegger se enojó con los viñateros por pedir regulaciones obligatorias
En tanto, la Corporación Vitivinícola Argentina tomó distancia de esa mirada y expresó una posición crítica frente a la eliminación del CIU obligatorio. Desde el organismo advirtieron que el certificado cumple un rol clave en la trazabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, especialmente para los pequeños y medianos productores. Coviar sostuvo que debilitar ese instrumento puede generar asimetrías dentro de la cadena, afectar la confianza en el origen de la uva y abrir un frente de incertidumbre en un sector que ya enfrenta dificultades estructurales.
Esta nota habla de:
