El titular de Hacienda provincial explicó en Radio Post las diferencias con el IPC del INDEC, el impacto de los precios regulados y el esquema de equilibrio fiscal que sostiene la provincia.
Fayad habló de relevamiento de precios y la situación fiscal de Mendoza
El ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, habló con Santiago Montiveros en el programa Tenés que Saberlo por Radio Post (FM 92.1, en Luján de Cuyo por FM 96.9 y en La Paz por FM 96.7). Allí explicó cómo se relevan los precios en la provincia, las diferencias con las mediciones nacionales -en especial en rubros regulados como transporte, electricidad y agua- y brindó definiciones sobre la situación fiscal de Mendoza, el uso del superávit, la obra pública y los fondos del resarcimiento.
En ese marco, Fayad se refirió a los recientes cambios metodológicos anunciados por el INDEC para la medición de la inflación y buscó llevar claridad ante las dudas que surgieron en la opinión pública. Según explicó, la variación de precios se calcula a partir de una canasta de consumo que representa a una familia tipo, sobre la cual se relevan los valores de bienes y servicios y se aplican ponderaciones.
El ministro señaló que, si bien los bienes y servicios que integran la canasta se mantienen, lo que se modifica con el tiempo son los ponderadores. "Los hábitos de consumo cambian y es lógico que cada cierto período se actualice la incidencia que tiene cada rubro", indicó, al tiempo que remarcó que se trata de una práctica habitual en los institutos de estadística de todo el mundo.
Como ejemplo, mencionó que rubros como telecomunicaciones o servicios de entretenimiento hoy tienen un peso mayor que hace dos décadas, debido a cambios en las formas de consumo. En ese sentido, consideró que la actualización de ponderaciones es técnicamente razonable y descartó que responda a motivaciones políticas, al destacar la solvencia técnica del organismo nacional.
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Al referirse a las diferencias que suelen observarse entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC y el que elabora la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, Fayad explicó que la metodología de medición es la misma en ambos casos. Sin embargo, aclaró que se trata de relevamientos muestrales y no censales, por lo que las fuentes y los precios relevados pueden variar según el territorio.
En ese punto, indicó que Mendoza toma precios en comercios y prestadores locales, mientras que el INDEC releva valores en todo el país, lo que puede generar diferencias mensuales. Además, subrayó que los contrastes suelen ser más notorios en los precios regulados, como el transporte público, la electricidad o el servicio de agua, cuyos aumentos no siguen necesariamente el mismo cronograma en todas las provincias.
"El boleto de transporte, por ejemplo, puede tener subas en Mendoza en meses distintos a los que impactan en otras jurisdicciones que forman parte de la muestra nacional", explicó. Lo mismo ocurre, dijo, con las tarifas eléctricas y otros servicios regulados que tienen trayectorias propias en la provincia.
No obstante, Fayad remarcó que, al analizar las series en el largo plazo, los índices tienden a converger. "Puede haber meses en los que el IPC nacional esté por encima del de Mendoza y otros en los que ocurra lo contrario, pero a la larga los resultados son similares", afirmó, al señalar que la inflación refleja, en definitiva, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Las cuentas provinciales y el uso del superávit
Al ser consultado sobre las finanzas del Estado mendocino, Fayad explicó que los resultados fiscales recientes muestran, en general, equilibrio y no un superávit estructural. Detalló que, si bien en algunos meses se observan saldos positivos en el Tesoro provincial, el cierre del último ejercicio fue prácticamente equilibrado.
Según precisó, el superávit acumulado en años anteriores se utilizó principalmente para reducir el stock de deuda pública. En ese sentido, remarcó que la deuda de la provincia mantiene una tendencia descendente desde 2017, producto de una política fiscal orientada al orden de las cuentas.
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"El año pasado cerramos en equilibrio y gran parte del superávit previo se usó para pagar deuda", indicó el ministro, al tiempo que explicó que la caída de la recaudación en 2024 y 2025 comprimió los márgenes fiscales. Para 2026, agregó, el presupuesto también prevé un resultado equilibrado, con un superávit corriente más acotado.
Fayad sostuvo que el equilibrio es el estado "natural" de las finanzas públicas y que los gobiernos no están concebidos para acumular superávits de manera permanente. En contextos donde la deuda puede refinanciarse en buenas condiciones, afirmó, los excedentes deberían traducirse en menor presión impositiva, algo que, según señaló, la provincia viene implementando gradualmente.
Asistencia financiera a municipios
Consultado por los pedidos de anticipos financieros de algunos municipios, Fayad aclaró que se trata de situaciones excepcionales y no de una práctica habitual. Explicó que la Provincia analiza cada caso con detenimiento, ya que le interesa que los municipios mantengan un orden financiero sostenido.
El ministro atribuyó parte de estas dificultades a la caída de la coparticipación nacional, producto de la menor recaudación de impuestos como IVA y Ganancias, lo que impacta directamente en los recursos que reciben los departamentos. "La cascada llega a todos lados: menos recursos nacionales también significa menos fondos para los municipios", afirmó.
En ese marco, sostuvo que los anticipos financieros suelen destinarse a cubrir déficits estacionales de caja o picos de gastos de capital que no se repiten en el tiempo, y no a financiar desequilibrios permanentes. Como ejemplo, mencionó obras puntuales de infraestructura municipal que requieren atenderse en plazos determinados.
El estado de los fondos del resarcimiento
Sobre el fondo del resarcimiento, Fayad precisó que más del 80% de los recursos ya tienen obras asignadas, aunque no todas se encuentran en la misma etapa de ejecución. Detalló que algunas están por licitarse, otras ya fueron adjudicadas y varias se encuentran en marcha.
En cuanto al uso efectivo del dinero, informó que hasta el momento se utilizaron alrededor de 170 millones de dólares, mientras que el resto permanece invertido conforme a la normativa vigente. Esos fondos, explicó, se colocan mayoritariamente en plazos fijos en el sistema financiero local y en bonos del Tesoro estadounidense.
"El objetivo no es especular, sino preservar el valor del fondo", señaló Fayad, al remarcar que se trata de inversiones de bajo riesgo, acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos públicos destinados a financiar obras.
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Por qué el fondo se mantiene en dólares
El ministro también justificó la decisión de mantener el fondo mayormente dolarizado. Según explicó, el dólar tiene una correlación más directa con el costo de la construcción, que es el destino final de esos recursos. Además, advirtió que una eventual pesificación podría exponer al fondo a pérdidas significativas ante movimientos bruscos del tipo de cambio.
Fayad recordó que los entes públicos tienen restricciones para volver a dolarizarse una vez que pasan a pesos, lo que limita la flexibilidad financiera. "Si hubiera una devaluación y los fondos estuvieran en pesos, se pondría en riesgo la ejecución del plan de obras", sostuvo.
En ese sentido, reconoció que se trata de una estrategia conservadora, pero subrayó que busca minimizar riesgos y garantizar que los recursos alcancen para completar las obras comprometidas. "Preferimos una rentabilidad menor, pero estable, antes que asumir riesgos que puedan dejar inconclusos proyectos estratégicos", concluyó.
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