Fabián Gregorio habló en Radio Post tras la aprobación legislativa de la declaración de impacto ambiental y explicó cuáles serán los próximos pasos del proyecto minero que se desarrollará en Uspallata.
El CEO de San Jorge contó cuándo inicia la construcción de la mina
El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio habló este miércoles en "A pesar de las llamas" con Marcelo Arce, por Radio Post (92.1 en el Gran Mendoza y San Martín, 96.9 en Luján de Cuyo y 96.7 en La Paz) y celebró la aprobación legislativa de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge y la calificó como "un punto bisagra" para la política minera de Mendoza.
A su vez, sostuvo que la ratificación por ley otorga mayor estabilidad institucional y genera condiciones más claras para las inversiones en la provincia. Remarcó que la empresa prioriza "el diálogo democrático, la escucha activa y la transparencia" como base para avanzar en un proceso que definió como estratégico para la región.
El directivo destacó que San Jorge cuenta con ventajas competitivas en relación con otros desarrollos del país y también confirmó que la compañía evalúa integrarse al RIGI, aunque aclaró que antes deben consolidarse los datos técnicos y los compromisos que exige el régimen.
Con la DIA ratificada, Gregorio confirmó que ahora comienza "un proceso técnico profundo" que duraría "aproximadamente un año" en el cual se transformarán "todos los estudios generales en un plan de desarrollo completo y operativo", con ingeniería de detalle, logística, costos, financiamiento, sostenibilidad ambiental y planificación integral. "Es una etapa importante, de mucho trabajo", resumió.
Respecto a los plazos, Gregorio estimó que la construcción de la mina podría empezar "entre noviembre y diciembre del 2026" y que la obra demandaría unos 18 meses. La producción del concentrado de cobre comenzaría una vez concluida la planta. Advirtió que los tiempos dependen también de factores externos, como la logística internacional y la llegada de maquinaria.
Consultado por el impacto laboral, aseguró que el proyecto generaría unos 600 empleos directos y que el coeficiente de multiplicación llevaría ese número a 2.400 puestos entre directos e indirectos. Agregó también que la operación anual requerirá "120 millones de dólares de costo operativo" destinados a salarios, suministros, mantenimiento y servicios locales.
Gregorio también defendió los estándares ambientales del proyecto. "Cuando hablamos de contaminación hablamos de un delito. Nadie quiere contaminar", señaló, y afirmó que la empresa haría "todo lo que está al alcance de la ingeniería y la ciencia" para evitar fallas. "Estamos tomando la confianza y tenemos el equipo para hacerlo", sostuvo.
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