La iniciativa oficial busca que los sueldos se ajusten por productividad y no por inflación. Sindicatos alertan por una posible pérdida de derechos, mientras que el sector empresario respalda el esquema.
Milei impulsa la reforma laboral con "salarios dinámicos" y tensa el debate
El Gobierno nacional avanza con su propuesta de reforma laboral e introdujo uno de los puntos más controvertidos del paquete: la creación de "salarios dinámicos", un esquema que permitiría vincular las remuneraciones al rendimiento y la productividad de cada empresa o sector, en lugar de los ajustes automáticos por inflación que caracterizan al modelo actual.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó los alcances del plan durante su exposición en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata y en el marco del debate por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, encabezado por Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Allí, el funcionario sostuvo que el objetivo es "modernizar las relaciones laborales" y flexibilizar la negociación colectiva.
"Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo", señaló Cordero ante los legisladores.
El proyecto redefine la estructura de los salarios de convenio, que históricamente funcionaron como pisos mínimos garantizados para todos los trabajadores bajo convenio.
Con la reforma, esos valores pasarían a ser techos de referencia, lo que habilitaría a las empresas a pagar por debajo de lo que hoy se considera el mínimo sectorial, siempre que los acuerdos lo contemplen.
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Según el Gobierno, esta medida busca "adaptar la negociación salarial a la realidad de cada unidad productiva" y promover "mayor competitividad y sustentabilidad del empleo formal".
De acuerdo a lo que señalan desde el oficialismo, los salarios dinámicos permitirían que los convenios colectivos fijen rangos máximos en lugar de mínimos, mientras que las empresas podrían acordar sumas distintas dependiendo de su situación financiera o nivel de productividad. Además, se eliminaría la indexación automática por inflación, reemplazándola por ajustes vinculados al desempeño y los resultados de cada firma.
Cordero destacó que el modelo "no elimina la negociación colectiva", sino que busca dotarla de mayor flexibilidad. Las empresas y los representantes laborales podrían negociar acuerdos particulares, sin que las mejoras alcanzadas por un grupo deban aplicarse a todos los trabajadores del gremio.
El plan oficialista también propone acotar la vigencia de las cláusulas económicas de los convenios, lo que forzaría renegociaciones periódicas según la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.
Apoyo empresario y críticas sindicales
Según detallaron algunos medios porteños, las cámaras empresariales manifestaron su respaldo a la iniciativa. Argumentan que la negociación sectorial uniforme es "incompatible con los ciclos económicos dispares" y que la dispersión salarial permitiría alinear los ingresos con la productividad real.
Por el contrario, los sindicatos y bloques opositores advirtieron que el cambio supone una pérdida de derechos históricos y podría derivar en mayor precarización.
El diputado y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo (UxP), denunció que "el salario mínimo cayó un 34% y solo cubre el 27% de la canasta básica".
Su par, Vanesa Siley, cuestionó que Cordero "no explicó cómo crearán empleo genuino quitando derechos", mientras que desde la izquierda, Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano calificaron la iniciativa como una "reforma laboral pro patronal".
"Ya se vivió con Menem, cuando se flexibilizó el trabajo y se destruyeron empresas públicas. Esta reforma es volver a ese modelo", alertó Giordano.
Desde la UCR, Rodrigo de Loredo recordó que su espacio también promovió una "democratización sindical" y señaló que "ninguna legislación resolverá el problema del empleo si no hay una economía productiva que la respalde".
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Lo que viene
El Gobierno prevé presentar formalmente el paquete de reformas laborales el 15 de diciembre, junto con las iniciativas de desregulación anunciadas por el secretario Alejandro Cacace.
Mientras tanto, en el Congreso se multiplican los pedidos de informes y las advertencias legales. El diputado Juan Brügge (Encuentro Federal) presentó un proyecto para llevar ante la Corte Suprema la suspensión por decreto de tres leyes aprobadas -entre ellas la de recomposición salarial docente- al considerar que el Ejecutivo "violó la soberanía del Parlamento".
En ese contexto, los salarios dinámicos se convirtieron en el eje de un debate profundo sobre el futuro del trabajo en Argentina, entre quienes ven en ellos una oportunidad de modernización y competitividad, y quienes los consideran una amenaza directa al salario garantizado y a la negociación colectiva.
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