Según un estudio de IARAF, aunque baja el costo laboral, igual sigue siendo de los más altos del mundo.
Qué son el RIFL y el FAL y cuánto bajan las cargas patronales
La reforma laboral producirá una importante y concreta reducción del costo laboral, aunque la Argentina seguirá estando entre los países con mayor carga tributaria sobre el empleo formal.
El rediseño pivota sobre dos herramientas centrales: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El objetivo oficial es doble: aliviar el peso de las contribuciones patronales y generar un mecanismo previsible para afrontar indemnizaciones, sin alterar el esquema indemnizatorio vigente.
Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, antes de la reforma la carga fiscal laboral representaba el 34,6% del costo laboral total. Ese porcentaje colocaba al país en el tercer lugar entre las economías con mayor presión, solo detrás de Austria y Francia. En el otro extremo, Nueva Zelanda, Dinamarca y Colombia prácticamente no registran carga sobre el empleo formal.
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Cómo impactan los cambios
Con la nueva arquitectura normativa, la carga para grandes empresas se mantiene en 34,6%, mientras que para pymes desciende a 33,3%. El recorte más significativo se observa en los trabajadores alcanzados por el RIFL, donde la presión baja a 27,8%.
Esa modificación altera la posición relativa del país en los rankings internacionales: pasa al quinto puesto en el caso de grandes empresas, al séptimo para pymes y al decimosexto para empleados bajo el régimen de incentivo.
El corazón financiero: el FAL
El Fondo de Asistencia Laboral funcionará como una cuenta individual que cada empleador deberá constituir en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, bajo reglamentación del Ministerio de Economía. Se financiará con aportes mensuales obligatorios -1% del costo laboral para grandes empresas y 2,5% para pymes- además de rendimientos de inversión y aportes voluntarios. El Poder Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes.
La administración quedará en manos de entidades habilitadas, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero actuará como canal de derivación de fondos, sin asumir responsabilidad sobre la disponibilidad de las cuentas.
El esquema no modifica la legislación indemnizatoria vigente. Los fondos cubrirán únicamente a trabajadores registrados con al menos doce meses de antigüedad, excluyendo a quienes permanezcan en la informalidad.
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