Actualizaron la tarifa de un oleoducto que llega a la Refinería

El Gobierno nacional aprobó una nueva tarifa máxima para el transporte de hidrocarburos líquidos en el oleoducto que conecta Puesto Hernández con Luján de Cuyo, infraestructura clave que atraviesa Mendoza y Neuquén. La medida establece que los cargadores que utilicen ese servicio no podrán pagar más de 8,04 dólares por metro cúbico transportado. La disposición tendrá vigencia durante cinco años, otorgando estabilidad a un sector donde los costos suelen variar según la evolución del mercado energético y la inflación internacional.

La actualización responde a la solicitud YPF, encargada de la operación del oleoducto. Para aprobar el nuevo valor, las autoridades reconocieron inversiones realizadas en obras de mantenimiento y mejoras técnicas que garantizan el funcionamiento de la red. El cálculo tarifario se hizo sobre un modelo financiero que contempla costos operativos, amortización de equipamiento y una rentabilidad considerada razonable según los parámetros de la industria.

El incremento también se justifica en el envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de asegurar estándares de seguridad y disponibilidad. La medida renueva una regulación previa que databa de 2004 y había sido prorrogada en años sucesivos. Las autoridades consideraron que mantener el valor anterior hubiera generado un atraso tarifario que afectaría la capacidad de inversión de la concesionaria y, a mediano plazo, pondría en riesgo la continuidad y la calidad del servicio de transporte petrolero.

A partir de esta resolución, la empresa operadora deberá presentar anualmente informes obligatorios que detallen el estado de las inversiones, los contratos de transporte firmados y las tarifas efectivamente cobradas a cada usuario. Estos controles buscan asegurar transparencia, evitar abusos en los valores pactados con las compañías cargadoras y garantizar igualdad de acceso al servicio para todos los actores de la industria hidrocarburífera.

La decisión marca un cambio relevante en el esquema regulatorio del sector, ya que las tarifas vigentes hasta ahora respondían a un valor fijado hace más de dos décadas y prorrogado en distintos periodos. Con esta actualización, el Estado busca equilibrar los intereses de los usuarios y de la concesionaria, al mismo tiempo que impulsa la sostenibilidad económica de una infraestructura indispensable para la producción y el transporte de hidrocarburos en una de las zonas petroleras más importantes del país

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