Con el impulso del crecimiento minero y la necesidad de ordenar un sector que reúne a más de 7.000 empresas, avanza el borrador de la Ley de Proveedores Mineros. La iniciativa busca unificar criterios, fortalecer la cadena de valor y promover el desarrollo local en provincias
Provincias piden una ley de proveedores mineros para dinamizar el sector
El avance del sector minero y la creciente demanda de insumos estratégicos reactivaron un debate central dentro de la industria: la necesidad de contar con un marco nacional que ordene, profesionalice y potencie la cadena de valor asociada a los grandes proyectos metalíferos y de litio.
En ese contexto, cámaras empresariales, sindicatos, compañías operadoras y especialistas legislativos comenzaron a delinear el borrador de la Ley de Proveedores Mineros, una propuesta que ya circula entre los distintos gobiernos provinciales y ámbitos industriales.
El objetivo es claro: consolidar reglas comunes para fortalecer la competitividad y acompañar el crecimiento de proyectos de cobre, litio, oro y plata en distintas regiones del país, con San Juan como una de las provincias más activas en el debate.
El documento preliminar propone estandarizar procesos y promover el desarrollo de proveedores locales, que hoy operan bajo esquemas fragmentados según cada jurisdicción.
Los puntos destacados
- Registro Nacional de Proveedores Mineros, con criterios unificados en todo el país.
- Incentivos a la contratación de bienes y servicios locales, especialmente en pymes regionales, con trazabilidad y auditorías.
- Programas federales de capacitación y certificación técnica, orientados a elevar estándares de seguridad, calidad y productividad.
- Líneas de financiamiento específicas a través de bancos públicos y agencias de inversión, destinadas a capital de trabajo, innovación tecnológica y exportaciones de servicios.
- Promoción de encadenamientos productivos entre proveedores nacionales y grandes operadoras, con foco en metalmecánica, transporte, tecnología y servicios industriales.
- Metas de contenido local graduales, adaptadas a la realidad productiva de cada provincia, para evitar distorsiones en la competitividad de los proyectos.
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Fuentes del sector explicaron a medios especializados que la futura ley busca funcionar como un "piso de reglas claras", capaz de ordenar y profesionalizar un universo de más de 7.000 empresas vinculadas a la minería, y a la vez impulsar empleo en zonas cordilleranas y regiones del NOA donde la minería avanza con mayor dinamismo.
El borrador se está trabajando con la participación activa de los gobiernos provinciales mineros -entre ellos San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Jujuy-, que ven en la iniciativa una oportunidad para potenciar la economía local sin imponer requerimientos rígidos o de difícil cumplimiento.
Cámaras como CAEM y CAPMIN, junto a asociaciones pyme regionales, suman aportes para garantizar que la norma refleje la diversidad del ecosistema productivo.
"Argentina tiene una oportunidad histórica para consolidar una industria proveedora competitiva a escala internacional. Pero para eso se necesitan reglas comunes, incentivos y una visión federal", señalaron referentes que intervienen en la elaboración del texto.
La intención es que la propuesta consolidada sea presentada al Gobierno nacional en las próximas semanas, con el objetivo de que ingrese al Congreso antes de que concluya 2025 como parte de la agenda legislativa vinculada al desarrollo minero.
Mientras el documento sigue evolucionando, continúan incorporándose aportes técnicos en cuatro áreas clave:
- Financiamiento y garantías para pymes proveedoras
- Innovación tecnológica y digitalización de servicios
- Normas ambientales específicas para proveedores
- Mecanismos para potenciar las exportaciones de servicios mineros argentinos, especialmente en perforación, ingeniería, transporte y mantenimiento industrial
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