El Gobierno oficializó la sanción de las leyes 9684 y 9685, que ratifican la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino y otras 27 DIA vinculadas al distrito minero occidental de Malargüe. Semana clave para la política minera en Mendoza.
Luz verde para San Jorge: Cornejo promulgó la ley
En el Boletín Oficial de Mendoza se publicaron este jueves 11 de diciembre dos normas que profundizan el rumbo fijado por el Gobierno en materia minera y ambiental. Se trata de las leyes 9684 y 9685, con sus respectivos decretos reglamentarios, sancionadas por la Legislatura el 9 de diciembre.
La Ley 9684 ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) ubicado en el distrito de Uspallata, Las Heras.
La aprobación se formalizó mediante la Resolución Conjunta Nº 405/25 de la Dirección de Minería y Nº 71/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. La normativa establece el cumplimiento obligatorio de todas las exigencias y condicionantes ambientales detalladas en ese documento, que pasa a formar parte integrante de la ley.
Por su parte, la Ley 9685 convalida 27 Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes al proyecto "El Destino y OTS", identificado por el proponente como Malargüe Distrito Minero Occidental 2.
Las autorizaciones ambientales se tramitaron mediante un extenso paquete de resoluciones conjuntas (desde la Nº 408/25 DM y 74/25 DGFA hasta la Nº 434/25 DM y 100/25 DGFA), y abarcan actividades de exploración y desarrollo en distintas áreas del departamento del sur provincial.
Ambas leyes entrarán en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial y fueron refrendadas por la conducción legislativa: el senador Martín Kerchner Tomba, el diputado Andrés Lombardi, el secretario legislativo Lucas Faure y la secretaria María Carolina Lettry.
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Semana clave para la minería mendocina
Las publicaciones oficiales se producen en un contexto marcado por la aprobación definitiva de la DIA de San Jorge, el proyecto de cobre situado 37 kilómetros al norte de Uspallata.
El Senado votó el martes con un amplio margen (29 a favor, 6 en contra y una abstención), convirtiéndose en la primera autorización de explotación metalífera desde la sanción de la Ley 7722 en 2007.
Tal como detalló el Post, la ratificación legislativa no implica la construcción inmediata de la mina. La empresa deberá completar la factibilidad técnica, profundizar perforaciones de infill, avanzar en trámites administrativos y formalizar su ingreso al RIGI antes de iniciar obras.
La inversión estimada es de USD 559 millones, con una producción anual proyectada de 151.000 toneladas de concentrado de cobre y un impacto laboral de hasta 1.200 empleos en la etapa de construcción.
La aprobación provocó manifestaciones de grupos antimineros, especialmente provenientes de Uspallata, San Carlos y Lavalle, que se concentraron desde la noche previa en el centro mendocino. El operativo de seguridad incluyó vallados y controles preventivos en las inmediaciones de la Legislatura.
Mientras San Jorge se encuentra en la etapa previa a su construcción, el proyecto PSJ Cobre Mendocino y las autorizaciones del distrito minero occidental de Malargüe amplían el mapa geológico y productivo disponible para inversiones en el sector.
En conjunto, las decisiones de esta semana reconfiguran la agenda económica provincial para 2026, colocando a la minería como un vector de diversificación productiva, aunque en un escenario tensionado por la resistencia de sectores ambientales tradicionales en la provincia.
La evolución de estos proyectos, así como el cumplimiento estricto de las condiciones ambientales fijadas en cada DIA, se convertirá en un eje de seguimiento clave para el Gobierno, las comunidades involucradas y el sector privado.
La Declaración de Impacto Ambiental



