El gobierno de Milei presentó en el Senado un proyecto que agrupa seis reformas sobre desalojos, tierras rurales, incendios y registro de propiedades. El bloque de Bullrich quiere arrancar el debate después de Semana Santa.
Ley de propiedad privada de Milei: qué cambia en desalojos y tierras rurales
El gobierno de Javier Milei presentó en el Senado un proyecto de ley que agrupa seis reformas sobre cómo se protege, se registra y se transfiere la propiedad en la Argentina. La iniciativa se llama "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y la armó el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. El bloque que lidera Patricia Bullrich quiere empezar a debatirla en comisiones después de Semana Santa.
Si bien en un principio se había pensado en presentar varias leyes por separado, el gobierno optó por concentrar todos los cambios en un único texto. La Casa Rosada le anticipó a Bullrich que el proyecto ingresaría por el Senado, y así ocurrió. Fuentes del oficialismo señalaron que quieren empezar a dialogar con los bloques aliados la semana próxima para acelerar el trámite.
La Libertad Avanza necesita, como siempre, el apoyo de la UCR, el PRO y los bloques provinciales para avanzar frente al kirchnerismo. Pero este proyecto en particular promete un debate más amplio y cruzado, sobre todo por los cambios que propone en dos puntos sensibles: la ley de tierras rurales y la ley de manejo del fuego.
Las dos reformas más importantes
Hoy, la Ley 26.737 limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros al 15% del total a nivel nacional, provincial y departamental, y establece que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese porcentaje. Además, prohíbe directamente la compra en zonas consideradas estratégicas. El gobierno de Milei ya había intentado eliminar esta restricción a través del decreto 70/2023 -el llamado "mega DNU"-, pero la Justicia frenó esa parte de la norma.
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Ahora el proyecto apunta a flexibilizar esa ley para que personas privadas extranjeras puedan adquirir más de 1.000 hectáreas. La autorización previa seguiría siendo obligatoria solo para Estados extranjeros o empresas con participación estatal. El Ministerio de Desregulación sostuvo que con esta reforma "lo que desaparece es la prohibición que no discriminaba entre un gobierno extranjero y un particular que quiere invertir en producción agropecuaria".
La otra reforma que generará discusión es la que modifica la ley de manejo del fuego, que había sido reformada en 2020 por iniciativa de Máximo Kirchner. El gobierno argumenta que aquella versión extendió las restricciones a bosques implantados y tierras productivas, lo que dejó a productores afectados por incendios sin poder recuperar el uso de sus campos durante décadas. La nueva propuesta acota esa restricción a bosques nativos y áreas sensibles según el ordenamiento de cada jurisdicción, e incorpora la obligación de reparar el daño ambiental en casos de incendios intencionales.
Los otros 4 puntos del proyecto
Además de estas dos reformas, el proyecto toca otros cuatro temas. Uno de ellos es el de los desalojos: el texto propone un trámite acelerado -por la vía sumarísima- para recuperar inmuebles tomados ilegalmente, con el objetivo de que no lleve más de cinco días. También incorpora domicilio electrónico para las notificaciones y le da más herramientas al juez para identificar a los ocupantes. El gobierno argumenta que esto no agrava el problema habitacional sino que lo mejora, porque cuando los propietarios no tienen garantías de recuperar sus inmuebles, reducen la oferta disponible en el mercado.
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Otra reforma apunta a la ley de barrios populares, conocida como la norma que creó el RENABAP. El gobierno dice que esa ley fracasó porque solo el 0,08% del suelo de los barrios del registro tiene título de propiedad privada. La propuesta es transferir a las provincias y municipios el control del mecanismo de regularización de títulos, algo que también puede facilitar el acuerdo con los gobernadores.
El proyecto también modifica la ley de expropiaciones, con el objetivo de fijar criterios más claros para calcular el valor de los bienes y reducir la discrecionalidad del Estado. Propone que el valor de referencia sea el de la fecha inmediatamente anterior a la expropiación, una actualización por IPC del monto indemnizatorio, el reconocimiento del lucro cesante cuando corresponda y esté acreditado, y un límite de 60 días para la ocupación temporaria, prorrogable solo en casos de emergencia verificable.
Por último, el texto incluye la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, con firma digital y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para tramitar certificados e informes de cualquier registro del país de forma remota. El argumento del gobierno es que gran parte de los registros del país todavía funciona en papel, con demoras y costos que frenan operaciones. Como ejemplo, menciona que en 2025 las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023, y que el sistema actual no está preparado para acompañar ese ritmo.
Con este proyecto, Milei busca recuperar la iniciativa en el Congreso y, en particular, el control de la agenda en el Senado, mientras que en Diputados se avanza en paralelo con los cambios al Código Penal.
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