Según el INDEC, la informalidad laboral llegó al 43,2% en 2025. Economistas y analistas coinciden en que el problema no se resuelve solo con reformas, sino con un desarrollo sostenido de la economía.
Por qué el empleo informal sigue creciendo en Argentina
Casi la mitad de los trabajadores argentinos tiene un empleo informal, sin aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad laboral. Según el INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025.
Los jóvenes son los más afectados: cerca de seis de cada diez menores de 30 años trabajan fuera del sistema formal, mientras que entre los adultos el porcentaje baja al 36,5%. A esto se suma que dentro del propio empleo registrado crecen las formas más precarias, como el monotributo o el empleo público transitorio.
Entre 2012 y 2025, el empleo privado creció apenas un 3,1%, mientras que los monotributistas aumentaron un 64,8% y el empleo estatal un 33,7%, según datos de la Secretaría de Trabajo. De los 2 millones de nuevos puestos formales, más del 85% corresponde a empleos estatales o monotributistas, y sólo el 9% al sector privado.
La consultora Invecq, dirigida por el economista Esteban Domecq, advierte que esta situación "erosiona la base de ingresos del sistema previsional". Según sus estimaciones, los aportes de los trabajadores formales cubren apenas el 70% de los gastos jubilatorios, y se necesitan 27 monotributistas para igualar los aportes de un empleado en relación de dependencia.
Los jóvenes son los más afectados por la falta de trabajo registrado.
Los costos laborales y la falta de crecimiento
Entre las causas más señaladas del avance del trabajo informal, los especialistas mencionan los altos costos de contratación. Invecq indica que Argentina presenta los costos laborales más altos de la región, en torno al 70% del salario total. En la misma línea, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) ubicó al país entre los diez con mayor carga de contribuciones patronales del mundo.
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Sin embargo, no todos los expertos coinciden en que este sea el principal problema. Desde el think tank Fundar sostienen que la creación de empleo registrado depende más del crecimiento económico sostenido que de la reducción impositiva.
"Una reforma laboral no llevará a un salto en la cantidad de empleo de la economía, pero puede contribuir a mejorar su calidad y a la formalización de muchas relaciones laborales", indica el documento.
El debate por la litigiosidad laboral
Otro punto de debate es el impacto de los juicios laborales. Invecq advirtió un aumento en la litigiosidad durante el primer cuatrimestre de 2025, y destacó que la eliminación de las multas por despido ayudó a reducir los incentivos a judicializar los conflictos. Aun así, la consultora señaló que "persisten zonas grises" en los cálculos judiciales, lo que puede derivar en pagos hasta 80% superiores a los que corresponderían con un ajuste por inflación.
Milei informó que impulsará una reforma laboral.
Desde otra mirada, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, aseguró en la red X que "la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con las violaciones a los derechos laborales". Según explicó, muchos conflictos no llegan a la Justicia porque "los trabajadores priorizan conservar su empleo" y las PyMES operan con baja rentabilidad, lo que las lleva a incumplir ciertas obligaciones legales para sostener su actividad.
La mirada del Gobierno
El presidente Javier Milei planteó que la reforma laboral busca "darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal". En su discurso, afirmó que "por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo ha empujado a cientos de miles de trabajadores a la informalidad".
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El Gobierno ya había intentado modificar la legislación mediante el Decreto 70/2023, declarado inconstitucional por la Justicia. Más tarde, la Ley Bases introdujo algunos cambios, como la ampliación del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral y la posibilidad de que un trabajador independiente contrate a otros independientes sin generar relación de dependencia.
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