La nueva normativa permite el patentamiento individual con respaldo de organismos de homologación del exterior y sin trámites locales previos.
El Gobierno "liberó" la importación de autos 0 km para particulares
El Gobierno nacional oficializó este martes la Resolución 271/2025, que habilita a los particulares a importar vehículos nuevos en forma directa, sin intermediación de fabricantes o concesionarios. La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo procedimiento para el patentamiento de autos, acoplados y semirremolques, modificando el régimen vigente de homologación técnica.
El esquema se basa en la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que certifica que un vehículo cumple con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa nacional. Si el vehículo cuenta con una LCM vigente emitida por el fabricante o importador, el particular podrá utilizarla. En caso contrario, podrá tramitar un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte, un proceso comparable a una verificación técnica.
La resolución también introduce el reconocimiento de certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales, como los de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Esto permite la inscripción sin necesidad de ensayos técnicos realizados en el país, aunque la autoridad competente podrá requerir documentación de respaldo cuando lo considere necesario.
En paralelo, el gobierno subrayó que continúa vigente la Resolución 222/2025, que modificó el régimen de autopartes de seguridad al eliminar el Certificado de Homologación (CHAS) que antes debía emitir el INTI. A partir de esta normativa, los fabricantes e importadores pueden comercializar autopartes sin autorizaciones previas, siempre que cuenten con certificaciones técnicas emitidas por laboratorios reconocidos, en un esquema de control posterior.
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Las nuevas disposiciones se enmarcan en una revisión del sistema técnico-administrativo vinculado al comercio y circulación de vehículos y autopartes. Según el texto oficial, el objetivo es simplificar procesos y reducir costos, aunque no se modifican los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el decreto 196/25 y otras normas vigentes.
La resolución oficial
