Los directivos de Fecovita, imputados por estafas y balances falsos, denunciaron al abogado de Iberte por "exceso de libertad de expresión". A su vez, la contraparte denuncia una maniobra de presión y solicita restricciones para los acusados.
Denuncia contra un abogado abre un nuevo frente en el caso Fecovita
El conflicto judicial que enfrenta a directivos de Fecovita, imputados por estafas y balances falsos, con sus ex socios de la firma Iberte sumó un nuevo episodio que traslada la tensión al plano personal y procesal. En el centro de la escena quedó el abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, alcanzado por una acción civil y, al mismo tiempo, protagonista de una contraofensiva en sede penal.
De acuerdo con una notificación oficial, Fecovita, presidida por Rubén Panella -uno de los imputados-, promovió una instancia de conciliación obligatoria por daños y perjuicios contra Aguinaga. La audiencia fue fijada para este viernes en la Oficina de Conciliación Civil y Comercial de Mendoza .
En ese marco, Fecovita sostiene que el abogado habría incurrido en un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, a partir de declaraciones públicas vinculadas a las causas judiciales en curso. Según su planteo, esas manifestaciones habrían afectado la imagen institucional de la entidad y generado un perjuicio económico.
Sin embargo, desde Iberte interpretan el movimiento en sentido opuesto. Aguinaga, en representación de la querella vinculada a Iberte, presentó un escrito ante la fiscalía en el que solicita medidas restrictivas contra los directivos de Fecovita, al considerar que existe un patrón de hostigamiento, intimidación y obstrucción del proceso.
En ese documento, Iberte sostiene que la convocatoria a la conciliación no sería un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una secuencia de acciones que incluirían denuncias previas, emplazamientos notariales y otras iniciativas judiciales dirigidas contra el abogado. Todas ellas -según el planteo- tendrían como efecto condicionar su actuación en las causas principales.
A partir de ese diagnóstico, se solicitaron medidas como la prohibición de contacto con el abogado, testigos y peritos, restricciones de acercamiento, la eventual suspensión de los imputados en cargos directivos y limitaciones para salir del país, entre otras.
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Uno de los puntos que emerge en esta nueva etapa del conflicto es la discusión sobre los límites entre el derecho a la defensa, la exposición pública de los casos y el impacto de las declaraciones en procesos judiciales abiertos. Mientras Fecovita cuestiona el alcance de las expresiones de Aguinaga, la querella plantea que esas acciones forman parte de una estrategia que podría influir en el curso de la investigación.
La causa
Los problemas judiciales para las autoridades de Fecovita comenzaron a partir de la disolución de una sociedad, llamada Evisa, que habían armado con la empresa Iberte para exportar vino y mosto.
Tras una serie de operaciones fallidas, ambas empresas firmaron un acuerdo de disolución de la sociedad, en octubre de 2022, en el que Fecovita se comprometía a devolver parte de la inversión en vino y mosto, o el equivalente en dinero, lo que según Iberte no se cumplió, dando inicio al derrotero judicial.
A raíz de eso, para el Ministerio Público Fiscal hay pruebas suficientes para imputar a la mesa directiva de Fecovita por balances falsos y elevar las causas a juicio. Y, a la par, avanza otro expediente por estafas en el que también están imputados.
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