El senador Martín Rostand presentó un proyecto de declaración para que el Ejecutivo envíe una ley que suspenda por un año las ejecuciones contra productores que no cobraron su uva, tras la insolvencia de firmas como Bianchi y Norton.
Piden suspender ejecuciones a productores vitícolas por la crisis bodeguera
Un grupo de senadores presentó en la Legislatura un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial remita de manera urgente una ley que declare la emergencia económica y social de los productores vitícolas afectados por la insolvencia de bodegas.
La iniciativa fue impulsada por el senador Martín Rostand junto a Marcos Quattrini y Flavia Manoni. El objetivo es que el Gobierno, a través del Ministerio de Producción, envíe un proyecto de ley que contemple la suspensión de ejecuciones por el plazo de un año contra los viñateros que hoy enfrentan reclamos judiciales por créditos impagos.
Se corta por el eslabón más débil
El proyecto pone el foco en la situación generada tras los problemas financieros de bodegas emblemáticas como Bodega Bianchi y Bodega Norton. Según explicó Rostand en diálogo con el Post, la operatoria habitual es la siguiente: el productor toma un crédito bancario para levantar la cosecha y realizar el acarreo. Como garantía, presenta la factura que emite contra la bodega por la uva entregada. Esa operación suele estar respaldada por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
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"El productor entrega la uva, la bodega la recibe, pero al entrar en insolvencia no paga. Sin embargo, los mecanismos financieros siguen su curso y empiezan las ejecuciones contra el productor", detalló el legislador. En muchos casos, las intimaciones ya comenzaron a llegar de entidades financieras como el Banco Supervielle y las SGR que avalaron los créditos. El problema es que el viñatero perdió su materia prima -la uva ya entregada- y no cobró por ella, pero igualmente debe responder por el préstamo.
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Rostand fue claro al señalar que la iniciativa no busca eliminar obligaciones ni desconocer compromisos firmados. "No se trata de desconocer las deudas, sino de otorgar un compás de espera para evitar el despojo de los productores mientras se normaliza la cadena de pagos", afirmó. La propuesta toma como antecedente leyes provinciales anteriores, como la 8182 y sus prórrogas (9297 y 9603), que establecieron suspensiones de ejecuciones en contextos de crisis social. La idea es aplicar un criterio similar frente a una crisis que golpea a la "industria madre" de Mendoza. El senador explicó que, debido a que la provincia se encuentra en período de sesiones extraordinarias, los legisladores no pueden presentar directamente un proyecto de ley que no esté incluido en el decreto de convocatoria. Por eso optaron por una declaración, instando al Ejecutivo a que tome la iniciativa.
Incertidumbre y riesgo en toda la cadena
Si bien Rostand evitó dar cifras sobre la cantidad exacta de productores afectados, reconoció que se trata de "una cantidad importante", especialmente en San Rafael, donde Bianchi tiene fuerte presencia, pero también en otras zonas como el Valle de Uco y el Este provincial. "En la lógica del mercado local, era impensable que una bodega de esta magnitud cayera en insolvencia. Para muchos productores fue una sorpresa total", señaló.
El legislador advirtió que, si no se actúa, podría generarse una "cadena de insolvencia" que impacte en toda la actividad. "El mercado va a resolver el problema, pero lo va a hacer de manera cruel. El más débil es el productor y es a quien tenemos que proteger", sostuvo. En paralelo, otros legisladores de distintos espacios también presentaron iniciativas vinculadas a la crisis vitivinícola, lo que muestra una preocupación transversal en la política mendocina. La expectativa ahora está puesta en la decisión del Gobierno provincial y en la posibilidad de avanzar con una herramienta legal que frene, al menos temporalmente, las ejecuciones que hoy ponen en riesgo la continuidad de muchas fincas.
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