Un estudio alerta sobre el costo laboral que significan las alícuotas de ART, que aumentan por el costo judicial y no por el costo de los accidentes. Las empresas pagan más por litigios que por siniestros.
Accidentes laborales: 2025 tiene récord de juicios y Mendoza está en el top
La litigiosidad por accidentes y enfermedades laborales volvió a escalar hasta niveles inéditos, lo que presiona el costo del empleo formal y pone en jaque la sostenibilidad del sistema de riesgos del trabajo.
Un informe de la Fundación Mediterránea reveló que las demandas judiciales por cuestiones laborales cerrarían 2025 con alrededor de 125.000 presentaciones, un volumen semejante al récord de 2017. Lo llamativo es que esta explosión de juicios ocurre en simultáneo con una caída de la siniestralidad real, señal clara de que el problema no está en los accidentes sino en los incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, fue contundente: "Ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización". Y advirtió que cualquier reforma que no atienda esta dinámica "nace condicionada", en el contexto del tratamiento cercano de la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Presidente Milei.
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Radiografía territorial
Nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios y las cuatro primeras son Santa Fe, San Luis, Chubut y Mendoza.
Por otro lado, la distribución provincial exhibe contrastes que el sector privado califica como "arbitrariedad territorial". Mientras Salta presenta apenas 0,1 juicios por cada mil asalariados, provincias como Santa Fe y San Luis trepan a 24 y 23, respectivamente, Chubut, 20 y Mendoza, 16.
Aunque en Mendoza se registró una baja respecto a 2024, el volúmen de causas continúa afectando la previsibilidad operativa de empresas e inversiones.
Por qué se dispara la litigiosidad
El informe apunta de lleno al funcionamiento de las justicias provinciales y sus cuerpos periciales. Entre los problemas detectados menciona:
Peritos designados por sorteo sin especialización en daño laboral.
Honorarios calculados como porcentaje de la incapacidad dictaminada, lo que incentiva al sobrediagnóstico.
Ausencia de monitoreo del desempeño pericial.
Obligación de repetir la evaluación del trabajador en vez de revisar el dictamen de la Comisión Médica.
En 2017 la Ley 27.348 creó los Cuerpos de Peritos Médicos para profesionalizar esta instancia, pero su implementación fue parcial y en la mayoría de las provincias continúan vigentes los esquemas que alimentan la judicialización.
El efecto se ve directamente en la estructura de costos de las ART y en las alícuotas que pagan las empresas. Hoy, cerca de un tercio de la alícuota corresponde al costo judicial, no al riesgo real de accidentes. Es decir: las empresas pagan más por litigios que por siniestros.
Tras la baja lograda entre 2017 y 2020, la vuelta de la litigiosidad desde 2021 revirtió la tendencia. En agosto de este año, el promedio de alícuotas llegó al 2,9% de la masa salarial, aumento que solo cubre parcialmente el impacto financiero.
El escenario encendió alarmas: la Superintendencia de Seguros de la Nación ya inhibió bienes a una ART por déficit financiero, disparando el temor a un riesgo sistémico.
Un problema que condiciona la reforma laboral
El Gobierno busca discutir una reforma laboral que incentive el empleo formal y el el costo laboral está en el centro del debate.
Por eso, la advertencia del sector empresario es clara: sin resolver el costo de la litigiosidad por accidentes o enfermedades laborales, cualquier reforma que busque impulsar la formalización chocará contra la pared.
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