Desde estas asociaciones les enviaron un documento a legisladores y gobernadores para explicarles los motivos del rechazo.
Tres importantes cámaras empresarias se oponen a la reforma laboral de Milei
Tres cámaras empresarias con peso nacional expresaron su rechazo a puntos centrales del proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) manifestaron su oposición en un documento que llegó a senadores y gobernadores, según informó la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).
Las entidades plantearon que la iniciativa oficial afectó el esquema de financiamiento de las cámaras y alteró la estructura de la negociación colectiva. Señalaron que el proyecto puso en riesgo aportes especiales que empresas de cada actividad realizaron durante años y que sostuvieron institutos de capacitación y tareas gremiales empresarias. También advirtieron una pérdida de representatividad de las organizaciones de mayor alcance frente a acuerdos de menor nivel, como los convenios por empresa.
CAME formalizó su postura mediante una nota que dirigió a senadores nacionales. En ese escrito pidió la eliminación de al menos cinco artículos del proyecto. La entidad sostuvo que la aprobación de esos puntos generaría "conflictividad jurídica y social" y "inestabilidad e incertidumbre" en el mercado de trabajo.
Ricardo Diab, titular de CAME, confirmó el contenido del planteo y afirmó que CAC y Adimra acompañaron la misma línea. Indicó que las tres cámaras trabajaron un texto común y lo presentaron ante legisladores y gobernadores con el mismo enfoque y argumentos.
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De acuerdo con los datos difundidos, las organizaciones agruparon a cerca de 1,5 millón de trabajadores y a unas 500 mil empresas de comercio y de la industria metalúrgica. En el convenio mercantil se enmarcó cerca de 1,2 millón de empleados.
Aportes obligatorios y negociación colectiva
El eje central de las críticas se concentró en el artículo 126 del proyecto, que limitó la ultraactividad de los convenios colectivos y dejó afuera las llamadas "cláusulas obligacionales". Esas cláusulas fijaron durante años aportes empresariales a cámaras y entidades de capacitación surgidos de la negociación colectiva.
En comercio, las empresas del sector aportaron el 0,5% del salario de cada empleado al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). En la metalurgia, las fábricas nucleadas en Adimra destinaron el 1% del sueldo de cada operario a la entidad. Las cámaras señalaron que la reforma dejó esos mecanismos sin sustento y alteró el equilibrio interno de los convenios.
El texto empresarial sostuvo que el cambio "desnaturalizó el convenio colectivo de trabajo como instrumento integral", "rompió el equilibrio entre las partes" y "debilitó la autonomía y la libertad de negociación colectiva". También advirtió que esa modificación abrió un escenario de "inseguridad jurídica y conflictividad laboral".
Voluntariedad de los aportes y jerarquía de los convenios
Las cámaras también rechazaron el artículo 128, que dio carácter estrictamente voluntario a los aportes patronales especiales previstos en los convenios colectivos hacia cámaras y asociaciones de empleadores. El proyecto estableció que ninguna cláusula convencional podría imponer esa obligación y aclaró que las contribuciones ya vigentes no resultarían obligatorias para las empresas no asociadas.
Otro punto cuestionado fueron los artículos 130 y 131, que cambiaron el orden de prelación entre convenios colectivos. Hoy los acuerdos de ámbito nacional tuvieron preeminencia sobre los convenios regionales o por empresa. La reforma invirtió esa lógica y dio prioridad a los acuerdos de menor nivel, incluso cuando el convenio de actividad fuera posterior.
Las entidades señalaron que esa estructura fragmentó el marco normativo de cada actividad y habilitó diferencias salariales y de condiciones de trabajo injustificadas. En el documento se remarcó que ese esquema impactó sobre el principio de "igual remuneración por igual tarea" y, a juicio de las cámaras, derivó en nueva "conflictividad jurídica y social".
Rol del Estado y ultraactividad
El último artículo objetado fue el 132, que otorgó a la autoridad administrativa -hoy la Secretaría de Trabajo- la facultad de convocar la renegociación de convenios vencidos y de suspender los efectos de su homologación cuando siguieran vigentes por ultraactividad.
Las cámaras consideraron que esa herramienta dio al Estado una discrecionalidad amplia sobre acuerdos firmados entre partes privadas. Según el escrito, la medida afectó la autonomía colectiva y generó "inestabilidad e incertidumbre" tanto para empleadores como para trabajadores, al sumar nueva "inseguridad jurídica" al esquema laboral.
UCIM destacó que la posición de CAC, CAME y Adimra mostró una señal de ruptura dentro del propio universo empresario respecto del proyecto oficial y dejó en debate el diseño de la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso.
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