Un decreto provincial habilitó la subasta de siete vehículos de la Subsecretaría de Trabajo. Ya no cumplían funciones y buscan recuperar fondos para el Estado.
Rematarán autos oficiales en desuso: cuáles son y qué harán con el dinero
El Gobierno de Mendoza avanzó con la baja y subasta de vehículos oficiales en desuso, en el marco de un decreto firmado el 6 de marzo y publicado este viernes. La medida alcanza a siete automotores que pertenecían a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Según el texto oficial del Decreto 437/2026, los rodados dejaron de ser útiles para las tareas para las que habían sido adquiridos, por lo que se resolvió retirarlos del patrimonio activo del Estado y ponerlos a la venta mediante subasta pública.
La decisión se apoya en informes internos elaborados en distintos momentos. En 2022, el entonces director de Relaciones Individuales, Rodrigo Herrera, solicitó la baja de dos vehículos: un Fiat Palio (EIU 743) y un Renault Logan (HUG 154). Más tarde, en 2025, la actual directora Natalia Andino amplió el pedido e incorporó otros cinco autos.
El listado completo incluye también un Fiat Siena (EIU 744), dos Fiat Palio (FII 676 y FII 677) -uno de ellos asignado a la delegación de General Alvear-, un Renault Logan (HUG 155) que operaba en Malargüe, y un Peugeot 206 (GZA 080).
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La documentación fue respaldada con formularios de baja de bienes, informes de dominio de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y registros del sistema de inventario estatal. Además, intervino la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.Re), que avaló el procedimiento.
El decreto también establece el destino de los fondos que se obtengan en la operación. El dinero ingresará a la Cuenta de Recursos de Capital de la Provincia, lo que implica que será utilizado para financiar inversiones o gastos de capital dentro de la administración pública.
La medida se encuadra en la normativa vigente sobre administración de bienes del Estado, que permite disponer de activos que ya no cumplen funciones operativas. En este caso, la vía elegida fue la subasta pública, un mecanismo habitual para recuperar parte del valor de unidades fuera de servicio.
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