Los pisos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar cambian a partir de este viernes 1 de agosto.
ARCA subió los montos de transacciones bajo control
Con el inicio de agosto, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó la actualización semestral de los montos que obligan a los bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones financieras. La medida, contemplada en la Resolución General 5512/2024, responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y apunta a reforzar el monitoreo de grandes movimientos de dinero, en el marco de controles antilavado y fiscales.
Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y todas las entidades bancarias tradicionales están alcanzadas por esta normativa. La misma aplica tanto a personas físicas como jurídicas, y contempla transferencias, extracciones, compras, tenencias y saldos, tanto en el sistema bancario como en billeteras y sociedades de bolsa.
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Los nuevos montos que activan controles de ARCA
Transferencias o acreditaciones:
Personas físicas: $50.000.000 (antes $2.000.000)
Personas jurídicas: $30.000.000
Extracciones en efectivo:
Ambos casos: $10.000.000 (antes se reportaba cualquier monto)
Saldos bancarios al cierre del mes:
Físicas: $50.000.000
Jurídicas: $30.000.000 (antes $1.000.000 para ambas)
Plazos fijos:
Físicas: $100.000.000
Jurídicas: $30.000.000 (antes $1.000.000)
Transferencias en billeteras virtuales:
Físicas: $50.000.000
Jurídicas: $30.000.000
Tenencias en sociedades de bolsa:
Físicas: $100.000.000
Jurídicas: $30.000.000
Compras como consumidor final:
Límite unificado: $10.000.000 (antes desde $250.000 en efectivo o $400.000 con otros medios)
Pagos generales:
Físicas: $50.000.000
Jurídicas: $30.000.000
Qué hacer si el banco retiene una operación
Responder al requerimiento bancario con la documentación solicitada.
Avisar previamente al banco si se prevé recibir un monto elevado, indicando origen y fecha.
No fraccionar montos para evitar el control, ya que esto puede generar aún más alertas.
En casos donde no se pueda justificar el origen de los fondos, ARCA puede aplicar multas, suspensiones de cuentas o derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos financieros como el lavado de dinero.
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