Tampoco exigirá explicaciones sobre el origen del dinero. Los detalles.
El Gobierno no revisará el patrimonio de quienes saquen sus "dólares del colchón"
El Gobierno nacional reglamentó esta semana un cambio clave en la Ley de Inocencia Fiscal que busca incentivar a los argentinos a sacar los "dólares del colchón" y volcarlos al sistema financiero formal.
La norma fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y activa un Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas que modifica la forma en que se fiscalizan los ahorros de quienes decidan declarar fondos que hasta ahora estaban fuera del radar del fisco.
La medida, que empieza a regir a partir de febrero de 2026, implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá verificar los ingresos y las deducciones de quienes opten por este régimen simplificado, pero no revisará la variación patrimonial ni exigirá explicaciones sobre el origen del dinero declarado en ejercicios anteriores.
Ver también: Dólares del colchón: el paso obligatorio que complica a los monotributistas
Con este marco, quienes adhieran y presenten sus declaraciones en tiempo y forma quedarán cubiertos con un efecto liberatorio que cierra la puerta a fiscalizaciones retroactivas por el patrimonio pasado, salvo en casos de delitos graves como lavado de activos.
El objetivo del Gobierno es claro: atraer al circuito formal miles de millones de dólares que los ciudadanos han atesorado fuera del sistema financiero durante años de inflación, controles cambiarios y desconfianza en las instituciones.
Estos llamados "dólares del colchón" representan una masa de divisas que supera con creces las reservas oficiales del Banco Central, y el Ejecutivo estima que su ingreso podría fortalecer las cuentas públicas, ampliar la liquidez y apoyar el pago de compromisos externos del país.
La iniciativa forma parte de un enfoque más amplio del Gobierno para reformar el sistema tributario y fomentar la regularización de activos no declarados, reduciendo las barreras para que esos fondos comiencen a circular en la economía formal. Para ello, también se han elevado ciertos umbrales antes vigentes para la fiscalización automática de transacciones y se ha limitado el alcance de los controles fiscales sobre la riqueza de los contribuyentes que se inscriban en el régimen simplificado.
Los funcionarios que impulsaron la reglamentación sostienen que esta política busca restaurar la confianza entre el Estado y los contribuyentes, promover la formalización de ahorros y dinamizar la actividad económica luego de años de estancamiento. Al ofrecer una especie de "amnistía fiscal moderna" -sin que sea necesario explicar la procedencia de los fondos ya guardados-, el Gobierno confía en que más argentinos optarán por mover sus dólares al sistema bancario, generando un flujo de capitales que podría tener efectos positivos en inversión, consumo y estabilidad cambiaria en lo que resta de 2026.
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