Cooperativa fantasma: van tras la ruta del dinero que sacaron del municipio

El fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore y los querellantes particulares en nombre de la Dirección de Cooperativas de la Provincia ya empezaron a cruzar información sensible, que trazará la "ruta del dinero" del caso de la cooperativa fantasma "Manos a la obra". A través de esa entidad se habría fraguado el pago de más de treinta y cuatro millones de pesos a personas -por ahora- desconocidas en perjuicio de la Municipalidad de Las Heras.

En este caso de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa ya están imputados el subsecretario de Políticas Sociales de la comuna Osvaldo Oyhenart, su yerno el contador Juan Pablo Pandolfi, y un puntero que le reporta a Oyhenart, Adrián "El Moco" Pérez. Además, en este mismo caso fueron citados a declaración informativa el intendente Daniel Orozco y su esposa, la secretaria de gobierno Janina Ortiz. El fiscal cree que Orozco y Ortiz no podían desconocer lo que pasaba en sus narices con estas operaciones y además hay al menos un testimonio que los involucra de manera directa, y por eso los citó a "informativa", que es un estado previo que puede convertirse en sospecha concreta e imputación. Ambos funcionarios y candidatos del frente populista La Unión Mendocina que conduce Omar De Marchi se abstuvieron de declarar, pese a que el propio Orozco había dicho semanas atrás en Radio Nihuil que confiaba plenamente en los fiscales. Tanto confía, que se acogió al derecho de no hablar ni responder preguntas. La otra novedad del caso ocurrió el jueves último, cuando la jueza Dolores Ramón, del Tribunal Penal Colegiado Número 1, le rechazó a Oyhenart un intento de apelación.

El "caso de las cooperativas" empezó de modo casi fortuito, cuando una empleada municipal -supuestamente presionada y coaccionada por la secretaria de gobierno Janina Ortiz- grabó una conversación de 26 minutos a Osvaldo Oyhenart, camino de un hotel alojamiento. En ese audio, el funcionario confiesa que tiene una cooperativa a disposición para cobrar sin trabajar. Por ese audio hay dos causas. La empleada obligada a grabarlo denunció a Janina Ortiz, a quien la justicia aún no logra imputar por este caso. Ortiz habría mandado a grabar a Oyhenart porque sospechaba traiciones políticas en el seno del Municipio. Luego, hay otra causa por la entrega de este audio incendiario a Patricia Rivero, funcionaria municipal de confianza de Ortiz. Ese proceso se habría hecho bajo amenazas a punta de pistola, y por ello están imputadas de coacción agravada Rivero y su hija Carolina Murúa, funcionaria también. Poco tiempo después, este diario publicó una investigación periodística en la que logramos dar con fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas relacionadas a personajes políticos de la Municipalidad. Estas entidades facturaron y cobraron millonadas de pesos que son motivo de indagación penal. Una de ellas pertenece al ex candidato a intendente de Guaymallén y ex asesor de Daniel Orozco, Fabián Manzur, un empresario salonero y de eventos. Le facturó 22 millones de pesos al municipio de Las Heras por trabajos en escuelas de verano. Otras dos asociaciones civiles llamadas "Abriendo Senderos" y "APROCUM" eran manejadas desde su directorio por Juan Pablo Pandolfi, el contador yerno de Oyhenart, cuyos bienes sorprendieron a la justicia el día en que lo fueron a allanar. Y luego, estaba "Manos a la Obra", cooperativa cuya existencia fue puesta en duda por el Instituto Nacional de Entidades Asociativas en un informe durísimo. Además, los testimonios recogidos por el fiscal D'Amore son lapidarios. Personas que no conocían la cooperativa pero la integraron, personas a las que les ofrecían el 5 % de lo facturado para integrar cooperativas, y particularmente un ex funcionario que contó cómo Oyhenart, el propio Orozco, Janina Ortiz y Maximiliano Orozco -un hijo del intendente- le habrían presionado para realizar la operación de "sacar" dinero de la municipalidad a través de este tipo de asociaciones, con supuestos objetivos políticos. El resultado de todo esto es que ya hay tres imputados (Oyhenart, Pandolfi que manejaba la cooperativa y todas sus operaciones, y Adrián Pérez, una persona que aunque es analfabeta era el "presidente" de "Manos a la obra" y movía cheques, grandes depósitos, transferencias, y tramitaciones ante la AFIP.

Informes bancarios

El informe que llegó de los bancos en las últimas horas, particularmente del Supervielle, es importante, porque es el inicio de la "ruta del dinero". El fiscal ya tendría probado que se hicieron transferencias desde la cuenta en ese banco de la cooperativa fantasma "Manos a la Obra". También, que muchos de estos trámites fueron "movidos" por Juan Pablo Pandolfi. Y que los destinatarios de los giros habrían sido personas que no tendrían nada que ver con la cooperativa, ni le prestaron servicios, ni forman parte de sus supuestos miembros. Los bancos de las cuentas destinatarias ya habrían girado sus informes al Ministerio Público Fiscal, y ahora el fiscal Flavio D'Amore y el querellante Pablo Teixidor estarán dedicados a "cruzar" la información. Quieren averiguar si a través de esas transferencias misteriosas se terminó de concretar la maniobra de extraer el dinero y estafar a la municipalidad, que es el delito que se está investigando.

Rechazo a recurso de Oyhenart

La jueza Dolores Ramón, integrante del Tribunal Penal Colegiado Número 1, rechazó la semana pasada un recurso de apelación presentado por la defensa de Osvaldo Oyhenart, el funcionario más importante entre los imputados por fraude en este escándalo. El subsecretario de políticas sociales habría recurrido a recursos "que ni siquiera figuran en el Código Procesal Penal" dijo una fuente. Quiso dar por nulo el avoque del fiscal D'Amore y la acusación, y la jueza rechazó sus argumentos, por lo que la acusación fiscal quedó firme. En el trámite de esta causa, Oyhenart debió cambiar de abogado defensor ya que un letrado de la municipalidad había asumido su representación, lo que entraba en conflicto por el tipo de delito que se investiga, que es fraude al Estado. Ahora, el defensor de Oyhenart es el abogado Nicolás Romano.

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