Fue aprobado por el Honorable Tribunal Administrativo y establece los estándares para cuidar el agua durante la práctica de la fractura hidráulica.
Mendoza ya tiene un protocolo para controlar el fracking
El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación aprobó el pasado viernes el protocolo que controla la practica del fracking en Mendoza.
La iniciativa fue del titular del titular del organismo, Sergio Marinelli. La resolución 249/18 fija las exigencias que deben cumplirse para la preservación del recurso hídrico y complementa al decreto provincial 248/18, en los aspectos propios de competencia del DGI.
Al respecto, Mario Luraschi, Director de Policía del Agua y Control de Calidad, explicó al Post que se trata de un protocolo cuyo proyecto fue elevado por el titular de Irrigación al Poder Ejecutivo de dicho organismo autárquico, el cual está integrado por los consejeros de cada uno de los ríos. El objetivo es que esta resolución sea un complemento del Decreto provincial 248/28 que apunta a la protección en calidad y cantidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. El proyecto recibió finalmente el aval del Poder Legislativo de Irrigación, que es el HTA.
El titular de Irrigación, Sergio Marinelli.
En detalle, la resolución está direccionada a todo lo que compete al cuidado del agua, en cantidad y en calidad. Contempla estudios de base, hidrogeológicos, geológicos y todo lo necesario para brindar una certeza técnica y científica de todo lo que hace al recurso hídrico. También pone el foco en la presencia o no de sistemas acuíferos en las zonas donde se vaya a llevar a cabo la estimulación hidráulica.
Cabe destacar que el proyecto de resolución se basó en la experiencia desarrollada por la petrolera El Trebol, en Puesto Rojas, Malargüe, que hizo la experiencia piloto sobre la aplicación de un protocolo el año pasado. También se tuvieron en cuenta procesos similares realizados en otros países, aunque haciendo las salvedades de las diferencias geológicas e hidrogeológicas con Mendoza.
En líneas generales, la resolución 249/18 establece que el estudio de impacto ambiental deberá ser fiscalizada por una autoridad ambiental competente e incluirá una Línea Base con un estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona donde la fractura hidráulica podría impactar. A partir de los resultados, la empresa deberá proponer a Irrigación un Plan de Monitoreo.
El puesto Rojas, en Malargüe, donde se llevó a cabo la experiencia piloto.
