La venganza de Lobos, que salió mal

Una verdadera comedia de enredos desatada alrededor de dos actas de secuestro de documentación en la mansión del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, y su esposa Claudia Sgró, dio pie al ex jefe comunal para plantear una denuncia penal contra funcionarios de la municipalidad, buscando invalidar –más tarde- el decreto de cesantía con el que el intendente Marcelino Iglesias los echó de la municipalidad, el año pasado.  Es decir, luego de un fallo adverso por una acción administrativa, en la Corte, Lobos y su esposa buscaron volver a la municipalidad cuestionando pruebas en su contra. Pero la justicia les denegó la razón. La fiscal Susana Muscianisi decidió el archivo de la denuncia de Lobos, lo que fue confirmado por el juez de garantías David Mangiafico.

En sólo dos años, Lobos, su familia y algunos de sus ex funcionarios montaron una fabulosa máquina de corrupción, descubierta en una investigación colaborativa de la que participó este diario, junto a Carlos Varela Álvarez y abogados de su estudio, y el concejal del FIT Federico Telera. Y ahora el ex intendente tiene cuatro imputaciones penales, incluyendo varios delitos de fraude al Estado y administración fraudulenta, sobreprecios, y enriquecimiento ilícito. Algunos de los desprendimientos del “Caso Lobos” tienen nombre propio, como el “Caso Wanka”, por el alquiler fraudulento de una planta de asfalto, con sobreprecios y una recisión de contrato increíble, en favor de Cristian Núñez, desarrollador inmobiliario dueño de Sol Andino I y II, donde Lobos, Sgró y otros integrantes de la “cooperativa política” de la corrupción en Guaymallén, tienen terrenos. Otro de los casos conocidos es el “Caso de la mucama ñoqui”, la empleada doméstica de la suegra de Lobos que era empleada municipal, y no lo sabía. María Elena Fernández, madre de Claudia Sgró, cobraba el sueldo por ella.  

El derrotero de Lobos como empleado municipal comenzó el 28 de noviembre de 2015. Fue un sábado, cuando la edil radical Evelyn Pérez asumió la presidencia del Concejo Deliberante, y como tal, debió reemplazar a Luis Lobos en la intendencia. Lobos, cabe recordar, completaba el mandato de Alejandro Abraham, quien había sido electo diputado nacional en 2013. Pero desde ese día, se convirtió en empleado municipal “raso” (hasta lo enviaron a trabajar en las plazas), y su esposa fue a dar a una oficina de Turismo en la Terminal de ómnibus, hasta que los echaron a ambos.

El que sigue, es un recordado audio de Claudia Sgró que se hizo viral, al enterarse de las cesantías.

La revancha de Lobos

Dos días después de que Lobos dejase la Municipalidad, un allanamiento del entonces fiscal especial Juan Manuel Bancalari le sorprendió con expedientes originales en su domicilio. Se secuestró esa y otra documentación, fotocopias, certificados, y papeles varios, que quedaron en una caja de seguridad de la Unidad Fiscal, documentación que ahora está en poder de la fiscal Susana Muscianisi, que concentra el “Caso Lobos” en su totalidad.

Marcelino Iglesias se valió de los hallazgos en ese allanamiento, para instruir un sumario contra Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró. Empezó en abril de 2016, y al mes siguiente, a mediados de mayo, los cesanteó a través del decreto 1306/16 del intendente. Los dejó, literalmente, “de patitas” en la calle.

Lobos no se quedó quieto. Una acción administrativa en la Corte le fue adversa, pero luego descubrió inconsistencia entre actas de secuestro de documentación de su domicilio, la producida por el fiscal Bancalari cuando le allanó el 30 de noviembre de 2015, y la que figuraba adjunta al decreto con el que lo cesantearon. Con ello, le pareció suficiente para denunciar penalmente a Marcelino Iglesias, a la abogada de la Municipalidad Marcela Amarillo, a un instructor sumariante de la comuna llamado Armando Chalabe, y a un funcionario de apellido Puppeto. A todos les acusó de los delitos de falsificación de material, de impresión “indebida de sello verdadero” y uso de instrumento público adulterado.

De acuerdo a la versión de Lobos, los dos expedientes hallados en su casa en el allanamiento de noviembre eran inofensivos. Y en el decreto de cesantía, se había adjuntado un acta con más documentación que la realmente hallada. Es decir, acusó a los funcionarios de haberle “plantado” más expedientes, para agravar su situación. Y explicó respecto de los documentos que sí le secuestraron, que uno versaba sobre un pedido de ampliación de red de gas en la calle Milagros, y otro pedido de vecinos, que querían un comodato en un terreno de Dorrego.

De todos modos, es interesante el resquicio que encontraron las abogadas de Lobos, las hijas del fallecido penalista Omar Venier. Porque la contradicción efectivamente existió.

La denuncia de Lobos fue presentada el 24 de agosto de este año, y declararon todos los involucrados, hasta que apareció el error, producto de una negligencia grave. Cuando la Municipalidad estaba haciendo el sumario contra Lobos y Sgró, los asesores legales quisieron solicitar una copia del allanamiento, con el acta que detallaba la documentación encontrada –ilegalmente, eso está claro- en poder del matrimonio. Cuando fueron a buscarla a la Unidad Fiscal, un auxiliar de apellido Morales le sabría pedido el detalle a los propios abogados de la Municipalidad, “para facilitar el trabajo” porque “no se iba a poner a tipiar todo, si la información ya estaba” (textual de la declaración). Y allí se produjo el error. Porque el enviado de la comuna habría aportado un listado del “Caso Lobos” y no la de una caja que decía “Casa Lobos”.

La denuncia siguió adelante, hasta que luego de todas las declaraciones, la fiscal Muscianisi decidió archivar el caso, porque ninguno de los delitos denunciados por Lobos se había producido. Lo mismo hizo el juez de Garantías David Mangiafico, con un agregado: como la documentación cuestionada por Lobos sí salió de la Unidad Fiscal, y los sellos eran auténticos, resultó “neutra” a los fines del caso. El resultado del sumario contra Lobos que terminó en cesantía habría sido idéntico, porque el ex intendente no podía tener ningún expediente en su domicilio. Ni los que efectivamente encontraron, ni ningún otro, aunque hubiese sido uno de una donación de cinco chupetines a un jardín de infantes.

Caso cerrado, con una consecuencia directa. Lobos y su esposa no podrán volver a pisar la municipalidad de Guaymallén ni como empleados, ni como funcionarios.

Sí vale la pena el contraste en el compromiso de trabajo con la investigación. Hubo concejales, abogados, periodistas, que dedicaron meses enteros a una minuciosa recolección de datos. Luego, hubo fiscales que prosiguieron la investigación y produjeron cuatro imputaciones, una de ellas por enriquecimiento ilícito, la más grave de todas, que se desprende de la denuncia original. Hubo testigos que se jugaron la vida al contar lo que sabían. En medio de todo ello, un empleado de una fiscalía pide un listado “para facilitar su trabajo”, y luego afirma que “no se iba a poner a tipiar ni a compulsar toda esa documentación…”

Y después, se quejan.