Crece la tensión entre el gobierno de Mariano Rajoy y el presidente regional, Carles Puigdemont.
El gobierno español ordenó detener a dos separatistas de Cataluña
La Justicia española sacudió el tablero al ordenar el arresto de dos líderes de organizaciones civiles independentistas catalanas, mientras el presidente regional, Carles Puigdemont, respondió con una evasiva al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia e insistió en su oferta de diálogo.
Por su parte, el gobierno central del presidente Mariano Rajoy volvió a rechazar cualquier negociación que no sea dentro del marco legal y advirtió al líder secesionista que si no rectifica para el jueves, será responsable de la intervención de Cataluña.
Sobre el final de una jornada en la que el esperado intercambio entre los gobiernos de Barcelona y Madrid no logró mover el escenario de bloqueo, una jueza provocó un terremoto al decretar la prisión sin fianza por delitos de sedición para los líderes de las dos principales organizaciones independentistas de Cataluña.
El gobierno español avanzó contra el separatismo.
Tras la decisión de la jueza Carmen Lamela, de la madrileña Audiencia Nacional, contra Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, en Barcelona estalló un cacerolazo y una catarata de reacciones políticas, así como también comenzaron las movilizaciones.
Militantes de la ANC llamaron a "empapelar" la plaza Sant Jaume de Barcelona con carteles para pedir por la libertad de los dirigentes. "España encarcela a los líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos nuevamente", escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.
"Hemos hecho la última propuesta de diálogo, se han pasado de vueltas, estos encarcelamientos cierran todas las puertas", manifestó por su parte el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderado por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien por su parte acusó directamente al Partido Popular (PP) de Rajoy de responder al diálogo con la prisión para Sánchez y Cuixart.
Puigdemont estuvo a un paso de declarar la independencia de Cataluña.
Desde la izquierda, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que la decisión es "injusta y un grave error" que aleja el diálogo, mientras el líder de los socialista catalanes, Miquel Iceta, consideró que la medida es "desproporcionada".
La resolución judicial hizo saltar por los aires la estrategia que parecía haber puesto en marcha el gobierno español para contener el conflicto de secesión luego de que Puigdemont dejara en suspenso la semana pasada la decisión de declarar de forma unilateral de independencia.
Dos horas antes de que venciera el plazo que le dio Rajoy para que confirmara con claridad si había declarado o no la independencia de Cataluña, Puigdemont hizo pública esta mañana una carta que envió a La Moncloa, en la que no respondió de forma concreta al pedido y, en cambio, ofreció abrir un plazo de negociación de dos meses para alcanzar una "solución acordada" al conflicto de secesión.
Rajoy insistió en la ilegalidad del proceso separatista.
Puigdemont remarcó que el 80 por ciento de los catalanes está a favor de que se celebre un referéndum acordado y dijo a Rajoy que "aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas".
