Ayer los abogados de la UIF pidieron diversas penas de prisión contra el dueño del prostíbulo VIP de Mendoza y otros de los acusados. Los detalles, la defensa y lo que aún no se investiga.
PymeVIP: cómo fue la acusación y qué faltó investigar
Poco a poco, va llegando a su fin el juicio por el prostíbulo VIP de Mendoza, aquel que fue allanado y clausurado a principios de mayo de 2013 por los supuestos delitos de trata de personas y lavado de dinero.
El juicio arrojó interesantes revelaciones que jamás fueron profundizadas —como la oportuna protección que tenía el denominado PymeVIP por parte de uniformados y miembros de la política y la justicia— y finalmente ayer viernes llegó el turno de que los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) expusieran sus argumentos y pidieran las penas de prisión ad hoc.
Para Sebastián Solé, el dueño y mandamás del local, los querellantes pidieron que sea condenado a 14 años de prisión, ya que, para ellos, quedó demostrado que hubo delito de trata.
A su vez, esto se vería agravado por la participación secundaria del mismo acusado en el presunto delito de aborto.
En sentido similar, la UIF pidió que Paola González —la mujer que actuaba como mano derecha de Solé— sea condenada a 10 años de cárcel. Algo menos pidieron los abogados para Cristian Padro, la “mano izquierda” del dueño de PymeVIP: 8 años de reclusión.
A la hora de acusar al médico Osvaldo Pastorino Garay, el organismo que lucha contra el lavado de dinero pidió 8 años por el delito de aborto —sumado al de trata— y su inhabilitación por 16 años.
En tanto, para el inspector municipal Raúl Cuquejo, quien habría alertado a Solé sobre el inminente allanamiento, también se solicitó una pena similar: 8 años de prisión, solo que en su caso la inhabilitación sería perpetua.
El mismo castigo fue pedido para los cabos de la Policía Federal, Ángel Arias y Nelson Bravo: 8 años de cárcel y su inhabilitación para siempre.
Gustavo Torres, quien hacía mantenimiento del lugar, no la sacó más barata: la UIF pidió encerrarlo 8 años. Los que tuvieron acusaciones más leves fueron Sergio Guzmán y Emiliano Salinas, del cuerpo de seguridad de PymeVIP: para ambos, los abogados pidieron 4 años de cárcel.
Luego de conocido el pedido de la UIF, se espera que la semana que viene se pronuncie el alegato de la fiscalía y los defensores de los acusados. Después, se conocerá la sentencia.
Lo que viene
Parte de lo que dirán los acusados ya fue anticipado por el Post, único medio que pudo entrevistar a algunos de ellos en prisión.
La defensa de Solé insistirá en que jamás hubo trata de personas y mucho menos lavado de dinero. Los abogados del dueño de PymeVIP dirán que, en el peor de los casos, apenas existió el delito de proxenetismo —facilitación de la prostitución—, cuya pena máxima asciende a los seis años de prisión.
Según el Código Penal argentino, en su artículo 125 bis, “el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Solé jura y perjura que ninguna de las mujeres que trabajó para él lo hizo bajo presión, sino que todas actuaron bajo su propia voluntad. Ello se vio reforzado por la declaración de dos de las prostitutas que declararon en el presente juicio y que aseguraron que tenían total libertad para desempeñarse.
Sin embargo, para la querella quedó comprobado durante la etapa testimonial que sí hubo trata: para los abogados de la UIF, las mujeres no podían decidir libremente en el local de Solé por temor a posibles represalias.
Dicho sea de paso, respecto de este último, los querellantes aseguraron que es un empresario como cualquiera, “con la diferencia que comercializaba con mujeres, con sus cuerpos".
El abogado de otro de los acusados, el ginecólogo Osvaldo Pastorino, insistirá en que su cliente jamás conoció a Solé y jurará una vez más que este nunca practicó aborto alguno a las mujeres que trabajaban en PymeVIP.
Dirá, sí, que Pastorino atendió al menos a una de las prostitutas de ese local, pero que jamás le hizo intervención alguna para que perdiera su embarazo.
Los abogados del inspector Cuquejo (foto), dirán lo mismo que este reveló al Post: que nunca cobró dinero por parte de Solé y que lo ayudó a hacer los trámites de su local “de onda”.
Al mismo tiempo, dirán que los llamados entre uno y otro eran en concepto de “amigos” y no estarían relacionados con PymeVIP.
Como prueba de ello, se tomarán de la declaración de la secretaria de Gobierno Municipal de Mendoza, Sandra Gómez, quien en su declaración en el juicio negó toda posible participación de inspectores municipales en la trama.
Lo que faltó
Al momento de declarar, hace un par de semanas, el suboficial de la Gendarmería Feliciano Soto aseguró que la mayoría de los hoteles 5 estrellas de la provincia requerían los servicios de PymeVip.
Ese punto fue resaltado por los querellantes ayer, al destacar las publicidades a través de las cuales se captaban mujeres de Mendoza —y, de otras provincias—como así también “el rol de empleados y directivos de hoteles elegantes”.
En realidad, el dato no es nuevo: se sabe cuáles son los lugares desde donde se pedían chicas al local de Solé, principalmente el ostentoso Sheraton. La duda no tiene que ver con ese punto, sino con otro más inquietante: ¿Por qué aún no se ha sentado en el banquillo de los acusados a ninguno de los responsables de esos hoteles, siquiera como testigos?
Es lo que dirán los abogados de algunos de los acusados, quienes también insistirán en un punto revelado por el gendarme Soto: que PymeVIP tenía protección de la comuna de Capital y de la Policía, de acuerdo a lo que quedó demostrado por puntuales escuchas telefónicas.
Los nervios carcomen a más de uno en estas horas, por los tópicos que se van revelando. A pocos les convienen que se sepa la verdad completa, porque desnudaría que Solé no actuó en soledad sino que se cubrió de un sistema de impunidad que rozaría a parte del poder local.
Ello sin mencionar la célebre nómina de quienes utilizaban el servicio de prostitución de lujo, lista guardada celosamente por el dueño del local. “Quienes iban a PymeVIP eran filmados”, deslizó el propio Solé cuando declaró.
No lo dijo al azar, fue una solapada advertencia. Sus palabras fueron refrendadas ayer, cuando se aseguró que a su local iban empresarios, políticos y turistas de alto poder adquisitivo.
Solé insiste en mostrar que tiene esa carta en la manga, apelando a que alguien lo haga zafar a último momento. Es su última chance, lo sabe, por eso se juega a todo o nada.
Habrá que ver si, como buen jugador, tolera la posibilidad de perder todo en su última mano.



