Un diputado radical en la mira de la Justicia

La historia podría parecer salida de una novela de ciencia ficción, pero no lo es. Es una de esas tramas que desnuda lo que es muchas veces la política en estado puro.

Empezó hace casi un año, cuando una mujer llamada Yésica Funes aseguró ante la Justicia que un concejal de Luján de Cuyo le quitaba parte de su salario para “dejarla trabajar”.

Se trata del legislador radical Roberto Infante, quien fue señalado por la mujer por obligarla a entregar parte de su salario para poder desempeñarse en la Municipalidad lujanina. Junto a Infante, Funes denunció al hermano de este y a la concejal Gisela Amorós.

A todos ellos, según reveló la mujer al fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, debía pagarles para poder cumplir su tarea en la comuna. 

El funcionario judicial confirmó la existencia de la denuncia al Post aunque arrojó un dato inquietante: “En el expediente se hicieron varias medidas de prueba, una de ellas fue una pericia caligráfica que nos dio que, la firma que ella decía que no era de ella sí era de ella”.

-¿Eso qué significa?

-Dijo que la habían hecho firmar y que la firma no era la de ella; pero sí era.

Uno de los abogados que patrocina a Funes es Sergio Salinas, quien aclaró a este diario el punto remarcado por Carniello: “Es cierto, hay un peritaje que dice que la firma si bien es falsa, es de Funes; pero eso no quita lo otro”.

-¿Qué otro?

-Que le pidieron dinero. El modus operandi que se ve en esta causa ya se dio a conocer en otro expediente anterior que también involucra a Infante.

-¿Cuál es la otra denuncia?

-Una del año 2008, donde ya fue sobreseído. Pero el modus operandi es el mismo, por eso vamos a insistir en patrocinar a Funes.

La denuncia que menciona Salinas es del año 2008, cuando la justicia comprobó que a una mujer llamada Marta Pereyra —hoy fallecida— le retenían el sueldo de manera ilegal. Quienes pergeñaron la maniobra fueron la concejal por Concertación Ciudadana, Sofía Knoll de Isuani y su secretario, Rubén Infante, hermano de Roberto, también implicado en esta otra trama.

Ambos fueron imputados por el entonces Fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, por fraude a la administración pública. No obstante, poco después fueron sobreseídos, aunque jamás pudieron lograr que las sospechas se disiparan.

Por caso, hay al menos dos casos más de empleados comunales que aseguran vivir la misma situación pero que no se animan a hacerla pública. “A mí también me han descontado históricamente parte de mi salario, y me enoja, pero no puedo hacer nada porque tengo una familia que mantener y no tengo otro trabajo”, dijo a este diario una mujer que reporta a la misma municipalidad.

-¿A quién tiene que pagarle?

-A Infante, como todos.

-¿Cómo “todos”, son muchos?

-Somos varios, es todo un sistema que se armó hace años y debo aclarar en favor de Infante que se nos aclaró desde un primer momento que esto sería así.

-O sea, a uno le avisan que le van a robar y uno debe agradecer….

-Al menos nos dieron la opción de no aceptar.

-¿Por qué usted no hizo la denuncia judicial, como sí lo hizo Funes y otros?

-Ya te dije, tengo una familia que mantener. Pero estoy buscando otro trabajo y, en cuanto pueda irme de acá hago la denuncia en la Justicia y presento todo. Tengo hasta conversaciones grabadas que prueban todo.

Para sostener sus dichos, la informante muestra al Post algunos correos electrónicos que intercambió con diversos referentes radicales. Allí se evidencia que varios de ellos refieren la necesidad de descontar parte de su salario —y el de otros empleados municipales— para sostener “la militancia”. Eventualmente, será la Justicia la que deberá comprobar si esos mails son reales o ficticios.

Colofón

Frente a las acusaciones de marras, Roberto Infante asegura que la embestida que le toca en suerte es en realidad una suerte de venganza por viejas denuncias suyas “contra la corrupción”.

En ese contexto, a la hora de señalar un culpable, el diputado menciona públicamente al ex secretario de Gobierno Alejandro Cazabán. Sin embargo, los abogados denunciantes niegan la versión: tanto Pablo Salinas como Sergio Lavado.

“Esto no tiene nada que ver con Cazabán. Es más, estos señores -por Infante y su hermano- tienen otras denuncias de hace alrededor de 3 años con otras víctimas por la misma situación. En esas causas hay hasta escuchas telefónicas que los comprometerían”, aseguró Salinas hace unos meses a otro medio local.

Las próximas horas serán de definición en el expediente Funes, según aclaró al Post el propio Carniello. Allí se sabrá si efectivamente existe un aceitado sistema de retornos de sueldos o si solo se trata de una oportuna operación política, como suele decir Infante a quien quiera escucharlo.