A 12 años del triple crimen de Gral. Rodríguez, el hecho maldito del kirchnerismo

El 13 de agosto de 2008, la sociedad argentina se desayunó con la imagen que cambiaría ciertos paradigmas argentinos para siempre. Ese día, tres jóvenes fueron hallados acribillados a balazos en un solitario descampado ubicado en la localidad de General Rodríguez.

Los medios fueron impiadosos a la hora de mostrar esa postal, donde yacían Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un perdido punto ubicado dentro del vasto territorio de la provincia de Buenos Aires.

Dos de los asesinados -Forza y Ferrón- estaban vinculados a pequeñas droguerías que habían desembarcado poco tiempo antes en el redituable negocio de los medicamentos adulterados; el tercero -Bina- había tenido la mala suerte de ser amigo de uno de ellos. A sus asesinos no les interesó ese detalle, los tres cayeron finalmente bajo las balas de oportunos sicarios.

Hasta ese momento, erráticos funcionarios insistían en un dogma que ya había sido derribado mucho antes del triple crimen: que la Argentina solo era un lugar de paso para el narcotráfico y que los asesinos a sueldo solo eran recuerdos de buenas películas de Hollywood.

Después del ingrato 13 de agosto de 2008, ese y otros paradigmas oficiales se derrumbaron por propio peso.

La muerte le sienta bien

A fines de mayo de 2008, me llamó una importante fuente de información del Ministerio de Salud a efectos de presentarme a un supuesto "arrepentido" en el tema farmacéutico. No era casual: unos meses antes había publicado una vasta investigación acerca de la mafia que envuelve a algunos de los laboratorios medicinales más conocidos.

Interesado en la propuesta hecha por el informante, arreglamos en encontrarnos al día siguiente en una confitería ubicada en la intersección de las calles Viamonte y Paraná de la Capital Federal. Allí, la fuente -que llegó con su respectivo chofer- me presentó a la persona que me relataría los pormenores de una supuesta "mafia farmacéutica". Se llamaba Sebastián Forza y venía acompañado a su vez de uno de sus empleados, llamado Pablo Florentín, a la sazón uno de sus "testaferros".

Nos sentamos los cinco en el lugar central de la confitería y nos dispusimos a almorzar. Forza me había impresionado fuertemente, no sólo por su elegante vestimenta -imposible de costear para un periodista como yo- sino por la seguridad que demostraba en cada una de sus afirmaciones. "Yo trabajé con Rubén Romano, fui socio de él en una empresa llamada Prefarm", me dijo para quebrar el hielo. "Rompimos relaciones en noviembre de 2007, porque quise abrirme de la joda. A partir de ese momento, no dejo de recibir amenazas", prosiguió.

Le mencioné entonces que conocía la existencia de Romano y de una causa judicial que lo rozaba por jugosos negociados en el PAMI. "Es una causa que llevó adelante (el fiscal Carlos) Stornelli, con quien tengo cierta amistad", le aseguré para intentar ganar su confianza.

A partir de ese momento, Sebastián comenzó a describir una diabólica trama de corrupción que involucraba a laboratorios medicinales, organismos públicos e instituciones privadas. También mencionó los vericuetos del tráfico de efedrina en Argentina y el ostensible temor que tenía hacia uno de los principales funcionarios del kirchnerismo: Aníbal Fernández. "Me va a matar, me va a matar", decía una y otra vez.

Para que no quedaran dudas de la magnitud de sus palabras y la magnitud de la gente con la que se codeaba, Forza arrojó una bomba: "Hubo un millonario lavado de dinero en la campaña presidencial (de 2007) a través de una droguería llamada San Javier".

Y agregó: "Hay un importante ministro de la Nación que protege a todos estos delincuentes (luego agregaría el nombre: Aníbal Fernández) Los Kirchner están al tanto de todo".

Tres meses después de esa inesperada y reveladora conversación, se iba a cumplir el vaticinio del propio Forza y sería asesinado junto a Ferrón y Bina.

Quienes lo asesinaron no contaron con que la entrevista había sido registrada por mí en un grabador de periodista. Ello fue aportado a la Justicia, junto con otras anotaciones y hasta una copia del disco rígido de Forza.

Los sonidos del silencio

Aún hoy, la sociedad se sigue preguntando quién/quiénes y por qué asesinaron a los tres jóvenes. ¿Estaban acaso vinculados con narcotraficantes mexicanos como se dijo en un principio? ¿Querían meterse en el negocio de la efedrina?

Es posible, aunque en realidad las pruebas que surgen del expediente que lleva adelante el fiscal Bidone, muestran una trama completamente diferente a la que se dijo oficialmente.

De allí surge claramente que el principal negocio de Forza era el de los medicamentos -y las recetas adulteradas- a través de puntuales "firmas fantasma". Aparece también mencionado el tema efedrina, pero a través de socios autóctonos, no mexicanos.

Pocos saben que en el expediente de marras se mencionan con nombre y apellido a los involucrados en la autoría intelectual del triple crimen. Dos de esos nombres, son personajes protegidos por el poder, uno es Ibar Esteban Pérez Corradi, relacionado estrechamente con Aníbal Fernández e intermediario de cárteles mexicanos en el negocio argentino de los precursores químicos y los medicamentos. Este último le habría adelantado gran cantidad de dinero a Forza a efectos de iniciar una especie de Joint venture para exportar efedrina.

"Sebastián (Forza) se gastó todo el dinero aportado por Pérez Corradi para cubrir sus gastos y encima se dio el lujo de mandarlo a la mierda. El tipo le dijo que se lo iba a cobrar y lo hizo. Es un personaje peligrosísimo, la cara visible de algunos cárteles de la droga en la Argentina", comentó oportunamente a este cronista una persona de estrecha confianza del fallecido Forza.

Hay un dato real: Forza, bajo la modalidad de "testigo protegido", había denunciado a Pérez Corradi en la Justicia, hecho que llegó a oídos de este último a través de un importante intendente de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo demás, es historia conocida.

El otro nombre es el de Martín Lanatta, también de estrecha confianza del exjefe de Gabinete, y quien emboscó a los tres "empresarios" antes de que fueran asesinados. 

Él, junto a su hermano Christian y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci están inculpados luego de un extenso juicio oral.

Mafia y aportes de campaña

El triple crimen va más allá del hallazgo del año 2008: en el marco de la tarea de recaudación para la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos a fines de 2007, aparece con insistencia feroz el nombre de Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de Salud y funcionario del riñón del exjefe de Gabinete Alberto Fernández.

Capaccioli ha sido la misma persona que Sebastián Forza mencionó a este periodista como "intermediario necesario" respecto a cualquier ilícito vinculado a la venta de medicamentos o adulteración de fármacos.

Y allí aparece un detalle no menor: es la persona que, sin parangón en la historia política argentina, se encargó de recaudar dinero para la campaña de Cristina Kirchner. ¿Qué significa esto? históricamente, jamás un superintendente de ninguna área se hizo cargo de tarea semejante.

Casualmente, merced a su gestión, la mayor cantidad de aportantes a "la causa" fueron laboratorios medicinales y/o personas vinculadas a estos. 

El juez Ariel Lijo ha avanzado hace unos días en esta denuncia puntual que traerá grandes dolores de cabeza, a Capaccioli en particular y el kirchnerismo en general, ya que el magistrado aseguró haber comprobado que varios de los aportantes jamás podrían haber puesto dinero por no tener patrimonio suficiente que lo justifique.

Uno de ellos es Gabriel Brito, titular de la firma Global Pharmacy, quien aparece como aportante y juró a este diario jamás haber puesto un solo centavo para la campaña ad hoc. ¿Quién puso esa plata entonces?

Según publicó diario La Nación en septiembre de 2014, "la Justicia determinó que al menos una parte de la financiación de la campaña kirchnerista de 2007 tuvo un origen irregular. Tres laboratorios que aportaron fondos para la postulación de Cristina Kirchner no pueden justificar de dónde proviene ese dinero, según un peritaje contable realizado por expertos de la Corte, reportes de operaciones sospechosas y evidencias que reunió la Justicia en la causa en la que se investiga a esas empresas por lavado de dinero".

Colofón

Como puede verse, lo que se esconde detrás de la trama del triple crimen es mucho más que lo que todos creen.

Hay conexiones políticas que aún no se han revelado y toda una red de financieras vinculadas al poder que todavía no se han mencionado.

De todas maneras, no es poco lo dicho hasta ahora: uno de los principales funcionarios del anterior gobierno aparece relacionado con el tráfico de efedrina y con un crimen mafioso.

En ese contexto, hay dos detalles que no deben pasarse por alto: primero, el hecho de que el propio Aníbal Fernández me hizo dos juicios penales y los perdió -uno de ellos justamente por inculparlo en el triple asesinato-; segundo, que la justicia jamás me citó a declarar a pesar de haberlo pedido personalmente y por escrito.

Por todo lo dicho, como bien refiere una conocida frase del saber popular, "habrá más novedades para este boletín".