La Justicia laboral concluyó que las lesiones fueron consecuencia de las tareas que desempeñó durante años y condenó a la ART a pagar una indemnización superior a los $14,6 millones.
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Un trabajador que se desempeñó durante años como plomero para el Estado provincial obtuvo una indemnización de más de $14,6 millones luego de que la Justicia laboral determinara que las afecciones que presenta en la columna y la pérdida de audición están directamente relacionadas con las tareas que desarrolló durante su actividad.
La sentencia fue dictada por una Cámara del Trabajo de Mendoza en el marco de una demanda iniciada contra la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), luego de que esta rechazara el origen laboral de las patologías y sostuviera que se trataba de enfermedades ajenas al empleo.
Durante el proceso judicial se analizó la historia clínica del trabajador, estudios médicos, una pericia realizada por un especialista y los testimonios de compañeros de trabajo. De acuerdo con la resolución, las pruebas permitieron acreditar que durante años el empleado realizó tareas que implicaban esfuerzos físicos constantes, movimientos repetitivos, posturas forzadas y exposición a ruidos.
El expediente detalla que el trabajador desarrolló lesiones en la columna cervical, afecciones lumbares y una hipoacusia bilateral. Si bien el perito judicial había calculado inicialmente una incapacidad superior al 32%, el tribunal revisó ese porcentaje al considerar incapacidades preexistentes ya reconocidas en otros expedientes.
Tras ese análisis, la Justicia fijó una incapacidad laboral permanente parcial y definitiva del 25,62%, porcentaje al que arribó luego de aplicar el baremo previsto por la legislación vigente y descontar las secuelas derivadas de patologías anteriores.
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El fallo también rechazó los planteos formulados por la ART, que cuestionaba tanto la relación entre las enfermedades y las tareas desempeñadas como la procedencia de distintos componentes de la indemnización. Para el tribunal, las pruebas incorporadas al expediente demostraron de manera suficiente el vínculo causal entre la actividad laboral y las patologías diagnosticadas.
Al momento de calcular la reparación económica, los jueces tuvieron en cuenta el ingreso base del trabajador, su edad, el porcentaje de incapacidad reconocido y la actualización prevista por la normativa sobre riesgos del trabajo. A ese monto se agregó el adicional del 20% contemplado por la legislación vigente.
Como resultado, la sentencia condenó a la ART a abonar $14.684.942,23, suma que incluye la indemnización y los intereses calculados hasta la fecha del fallo. Además, impuso a la aseguradora el pago de las costas del proceso y de los honorarios profesionales.
