Psicólogos de Mendoza denuncian que cobran dos o tres veces menos

La brecha salarial que se abrió en el sistema público de salud de Mendoza volvió a poner en pie de reclamo a profesionales de la salud mental. Psicólogos, trabajadores sociales y otros equipos que se desempeñan en hospitales, centros de salud, escuelas y organismos de niñez denuncian que comparten tareas, carga horaria y responsabilidad con psiquiatras, pero cobran hasta dos o tres veces menos. La situación, aseguran, se agravó desde la creación de un régimen especial para determinadas especialidades médicas, entre ellas psiquiatría.

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza, Gabriela Dik, expuso con dureza ese malestar durante una entrevista en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post y describió un escenario de inequidad salarial, precarización y crisis en la atención de salud mental. "Nuestros compañeros se quedan trabajando al lado de otros colegas con los que históricamente hicieron la misma tarea, con el mismo grado de responsabilidad y la misma carga horaria, cobrando dos o tres veces menos", resumió.

El origen del conflicto

Dik explicó que todos los profesionales de la salud que trabajan en el Estado provincial se desempeñan bajo el régimen 27, pero que el Ejecutivo resolvió crear un esquema especial, el régimen 38, para retener a algunas especialidades médicas ante el éxodo de profesionales. En ese nuevo régimen fue incluida psiquiatría, pero no el resto de los equipos de salud mental. "Frente al éxodo masivo que hubo de algunas especialidades médicas, el Ejecutivo arma un régimen especial para retenerlos en el Estado. Y ahí incluye algunas especialidades, entre ellas psiquiatría", señaló. El problema, según planteó, es que esa decisión partió al equipo de salud mental dentro de los mismos efectores públicos.

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"Eso genera que psicólogos, trabajadores sociales y el resto de algunas profesiones nos quedemos trabajando con nuestros compañeros al lado, haciendo históricamente la misma tarea, con el mismo rigor horario y el mismo grado de responsabilidad, pero cobrando dos o tres veces menos", sostuvo.

La dirigente fue aún más directa al comparar los ingresos actuales. "Los profesionales estamos ganando entre $1.100.000 y $1.170.000. Yo tengo 14 años de trabajo en el Estado y cobro eso. En cambio, los psiquiatras que pasaron al régimen 38 están cobrando entre $2.500.000 y $3.000.000", afirmó y agregó: "No queremos que nadie gane menos; queremos un salario digno por la misma responsabilidad"

Dik remarcó varias veces que el reclamo no está dirigido contra los psiquiatras, sino contra la desigualdad que, a su entender, generó la decisión oficial. "Esto no es en contra de los psiquiatras. Es el ejemplo que nos permite ver la inequidad que hay. Nosotros no queremos que nadie cobre menos. Queremos, frente al mismo grado de responsabilidad, un sueldo digno", planteó.

En ese sentido, rechazó que se intente justificar la diferencia salarial en función de la formación o del rol de cada disciplina. Durante la entrevista, respondió a quienes señalan que el psiquiatra es médico y puede prescribir medicación, mientras que el psicólogo no. "La gran mayoría de los psicólogos y trabajadores sociales que trabajamos en salud mental también hacemos residencia. Hacemos exactamente la misma residencia que nuestros compañeros de trabajo", afirmó.

Luego aclaró que las tareas no son idénticas porque se trata de disciplinas distintas, pero insistió en que eso no habilita una jerarquización salarial tan marcada. "Trabajamos interdisciplinariamente junto con el médico. La diferencia es que el médico receta y nosotros abordamos la trayectoria desde otro lugar. Pero eso no puede significar que porque uno receta y el otro no, la tarea de uno valga más que la del otro", sostuvo.

Un reclamo que nació desde abajo y ya reúne a cientos de profesionales

La protesta, según explicó la titular del Colegio de Psicólogos, se fue organizando por fuera de los gremios a partir de la iniciativa de los propios trabajadores. "Lo interesante es que esto surge de la construcción colectiva de los trabajadores y trabajadoras, no de arriba para abajo sino de abajo para arriba", destacó.

Dik contó que actualmente hay un grupo de WhatsApp de alrededor de 470 psicólogos y trabajadores sociales de distintas áreas del Estado, entre ellas salud pública, Dirección General de Escuelas, Dirección de Protección de Derechos y Salud Mental, que se articularon para visibilizar el reclamo. "Nos hemos juntado colegas de distintas áreas y se armó esta nota pública a partir de esa organización colectiva", relató.

Consultada por la ausencia de los gremios en esta primera etapa del conflicto, explicó que la decisión fue tomada por los propios trabajadores. "Por decisión de los trabajadores, en esta primera instancia de reclamo se decidió no incluir al gremio. Por eso estamos los colegios profesionales acompañando y representando la voz de los colegas", dijo. También deslizó una crítica política al Gobierno provincial. "La verdad es que este gobierno nos persigue bastante. Por eso los que tenemos el respaldo de la institución hemos salido a ponerle la cara", afirmó.

"La situación es un desastre": el diagnóstico del sistema de salud mental

Más allá del reclamo salarial, la entrevista dejó otro eje fuerte: el deterioro de la salud mental en la provincia y la falta de recursos para atender una demanda que, según Dik, crece de manera alarmante. "La situación es un desastre. Estamos frente a lo que consideramos una epidemia en salud mental, tanto en la provincia como a nivel nacional", advirtió.

La presidenta del Colegio de Psicólogos enumeró una serie de indicadores que, a su juicio, muestran la gravedad del cuadro. "Han escalado los intentos de suicidio y las autolesiones, especialmente en infancias y adolescencias, de una manera realmente escalofriante", sostuvo. Y agregó que la crisis social y económica profundiza el problema: "Las situaciones de pobreza e indigencia que estamos acompañando en la salud pública, y en salud mental en particular, son alarmantes". En su descripción, el colapso no se limita a la demanda creciente, sino también a la falta de personal para responder. "No hay profesionales en los centros de salud, no damos abasto. Yo trabajo en un centro de adicciones y no damos abasto", señaló.

Adicciones, pobreza y ausencia de redes

Dik puso especial énfasis en el deterioro de los dispositivos de atención de consumos problemáticos y en la falta de redes estatales para acompañar a pacientes en contextos de alta vulnerabilidad. "Ya ni siquiera contamos con las redes con las que contábamos antes. No hay a dónde recurrir para un bolsón de comida o para las situaciones de calle", lamentó.

La psicóloga advirtió además por el avance del consumo de cocaína fumada. "El aumento del consumo de la cocaína fumada es realmente algo que nos preocupa muchísimo", dijo, y vinculó esa situación con la crisis económica y social. "La pobreza trae asociadas necesariamente problemáticas de salud mental. La falta de trabajo, el hambre, no tener dónde dormir, necesariamente trae problemas de salud mental", sostuvo.

Para respaldar esa mirada, citó la Ley Nacional de Salud Mental y recordó que la propia normativa reconoce el peso de las condiciones económicas, sociales y políticas en el bienestar psíquico de la población. "Estamos en una crisis social, política y económica muy grande y eso repercute en la salud mental de la gente. Y no hay desde la salud pública cómo acompañar estos sufrimientos", remarcó.

Un reclamo que también alcanza a las residencias

La desigualdad, según Dik, también impacta en la formación de nuevos profesionales. Aseguró que en las residencias de salud mental se replica la misma lógica de jerarquías salariales entre psiquiatras y psicólogos, pese a que comparten carga horaria, formación y responsabilidades. "En las residencias pasa lo mismo. Los nuevos psiquiatras cobran una cosa y los psicólogos otra, cuando es exactamente la misma residencia, la misma formación, el mismo trabajo, las mismas horas y la misma responsabilidad frente a un paciente", cuestionó.

Sin respuestas oficiales

Pese a la magnitud del reclamo, Dik aseguró que hasta ahora no hubo ninguna respuesta del Gobierno provincial. Consultada sobre si el ministro de Salud, Rodolfo Montero, o el gobernador Alfredo Cornejo habían dado alguna señal luego de los anuncios de refuerzo presupuestario en salud mental, fue tajante: "No, no, no. Hay un silencio absoluto". Aun así, aclaró que el objetivo inmediato no pasa solo por una contestación oficial, sino por lograr respaldo social. "La respuesta que estamos esperando es que la sociedad nos pueda escuchar y acompañar en nuestros reclamos, y que se vea esta desigualdad, esta inequidad, porque realmente nos parece muy injusta", señaló.

"Sostenemos la salud mental de la población"

Sobre el final de la entrevista, Dik volvió a llevar la discusión al terreno de fondo: el rol que cumplen psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales en el sostenimiento del sistema público de salud mental. "En la gran mayoría de los efectores públicos hay muchísima cantidad de psicólogos y psicólogas que sostienen la salud mental de la población", afirmó. Y cerró con una definición que sintetiza el reclamo del sector: "No queremos estar menos que nadie. Lo que queremos es un salario digno por el trabajo y la responsabilidad que asumimos todos los días".

El conflicto deja así al descubierto una doble discusión en Mendoza: la desigualdad salarial dentro de los equipos de salud mental y la creciente presión sobre un sistema público que, según denuncian sus propios profesionales, está cada vez más exigido por la pobreza, las adicciones, las autolesiones y la falta de recursos humanos para contener una demanda en aumento.

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