Una sentencia judicial ordenó reincorporar a un empleado del Registro Civil y pagarle los sueldos no cobrados durante más de tres años.
Mendoza pagará $20 millones a un empleado echado injustamente
El Gobierno de Mendoza deberá pagarle más de $20 millones a un empleado público que fue despedido en 2020 por faltas que, más tarde, se comprobó que estaban justificadas.
La obligación surge de un fallo judicial que le dio la razón a Ezequiel Chila, trabajador del Registro Civil, y ordenó su reincorporación y el pago de todos los sueldos no percibidos durante los más de tres años que estuvo fuera de su cargo, más los intereses.
La historia se remonta a junio de 2020, cuando el Gobierno provincial decidió cesantear a Chila basándose en presuntas inasistencias injustificadas en los años 2017 y 2018. En respuesta, el trabajador presentó certificados médicos que justificaban sus ausencias y demostró que incluso algunos días en los que sí había ido a trabajar figuraban erróneamente como faltas.
La Justicia determinó que el despido fue indebido y ordenó anular el Decreto N° 805/2020, que había dispuesto su salida del Estado. A fines de 2023, por medio del Decreto N° 2400/2023, Chila fue reincorporado formalmente a su puesto.
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Sin embargo, todavía faltaba cumplir con otra parte del fallo: pagarle los salarios que dejó de cobrar desde su cesantía hasta el momento en que volvió a trabajar. Esa deuda finalmente quedó saldada mediante un nuevo decreto firmado por el actual gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno Natalio Mema.
El fallo ordenó también el pago de salarios e intereses acumulados.
La norma autoriza el pago de $20.331.541,21 a favor de Chila, una cifra que incluye los sueldos impagos desde el 22 de junio de 2020 hasta el 17 de noviembre de 2023, junto con los intereses legales acumulados durante ese tiempo.
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