Desalojos más rápidos, campo abierto para inversores extranjeros y menos protección ambiental tras los incendios. Así es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Qué dice el proyecto de ley de propiedad privada que se vota este jueves
El Senado vota este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo y motorizada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El texto propone cambios en áreas muy distintas: desde cómo el Estado puede quedarse con un bien privado hasta qué protección tienen los vecinos de los barrios populares o quién puede comprar campo en Argentina.
El objetivo declarado es, según el proyecto, "eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica". Del otro lado, varias organizaciones advirtieron que algunos cambios perjudican a los sectores más vulnerables. Estas son las cinco claves para entender de qué se trata.
1. Expropiaciones: el Estado tendría menos margen para actuar
Cuando el Estado quiere tomar un bien privado -una casa, un terreno- necesita justificar que eso sirve a un interés público. Hoy esa justificación es amplia. El proyecto la vuelve más estricta: obliga a identificar con precisión para qué se va a usar ese bien y exige que la expropiación sea la única manera de lograrlo.
También cambia cuánto cobra el dueño. Actualmente, el Estado paga el valor del bien más los daños directos. La propuesta suma el lucro cesante -es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir-, fija que el bien no pasa a manos del Estado hasta que se pague la indemnización completa, y establece que esas compensaciones no tributarían impuestos.
2. Tierras rurales: inversores extranjeros podrían comprar campo sin topes
Hoy, la ley fija límites claros a cuánta tierra pueden tener en Argentina los inversores privados extranjeros: no más del 15% del total a nivel nacional, provincial o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede acaparar más del 30% de ese porcentaje, y un mismo dueño extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola más productiva del país.
Ver más: El Senado debatirá permitir la venta sin límites de tierras a extranjeros
El proyecto elimina todos esos topes para los privados. La única restricción que mantiene es para los Estados extranjeros y sus organismos o empresas públicas, a quienes prohíbe comprar tierras. Aunque agrega una excepción: esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo considera que la operación no representa un riesgo para la soberanía nacional.
3. Desalojos: más rápidos y con menos resguardos para el inquilino
La reforma acelera los procesos judiciales de desalojo y los lleva al trámite más breve del Código Procesal. Además, elimina la garantía económica que hoy debe presentar el propietario para obtener la desocupación anticipada, reemplazándola por una simple declaración jurada sin respaldo patrimonial.
La única protección que el proyecto introduce a favor del inquilino es la obligación del propietario de notificar con al menos tres días de anticipación antes de iniciar la demanda por falta de pago. Ese plazo, mínimo, convertiría a Argentina en el país con la intimación más corta de la región. Según un análisis de la agrupación Inquilinos Agrupados: "Brasil otorga 30 días para purgar la mora; España 30 días; Uruguay 10 días hábiles. Ningún país comparable reduce el plazo a menos de una semana".
4. Incendios: qué cambia para pastizales y humedales
La ley vigente establece que, tras un incendio, un terreno queda protegido durante 60 años: no se puede cambiar su uso, subdividir ni usar para actividades distintas a las que tenía antes. Eso aplica tanto a bosques nativos como a humedales, praderas y pastizales.
Leer: El Senado postergó el pliego que tensó la relación entre Bullrich y Milei
El proyecto elimina ese plazo de 60 años y reduce la protección solo a los bosques nativos. También deroga artículos que extendían la protección por 30 años a otros ecosistemas -pastizales, matorrales, zonas agropecuarias- y que prohibían emprendimientos inmobiliarios en esas áreas. Sturzenegger defendió el cambio al considerar que era desproporcionado limitar el uso de un inmueble por décadas si no se trataba de un bosque nativo.
5. Barrios populares: menos intervención del Estado nacional
La ley actual de integración socio-urbana le da un rol central al Estado nacional en la urbanización y escrituración de los barrios populares. El proyecto apunta a transferir ese rol a provincias y municipios, y reemplaza la expropiación como mecanismo principal por otras vías legales, como la prescripción adquisitiva. También elimina los artículos que suspenden los desalojos en esos barrios y suprime la obligación de destinar el 25% de las obras a cooperativas y organizaciones de la economía popular.
Desde la organización TECHO advirtieron que "el proyecto oficial elimina 3 pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, a partir de la cual el Estado pierde capacidad de intervenir en tierras de barrios populares; la suspensión de desalojos por 10 años, lo que hace que las familias pierdan esa estabilidad mínima; y la participación de cooperativas y economía popular ya que se suprime el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios". También señalaron que "más de 5 millones de personas viven en barrios populares y que, de ese total, 35% son niños y niñas".
Esta nota habla de:
