Comisarios, sargentos y otros efectivos serán investigados en el marco de un proceso administrativo que busca conocer si cometieron faltas durante sus funciones.
Rechazaron un recurso e investigarán a policías por presuntas irregularidades
El Gobierno de Mendoza oficializó el rechazo de un recurso presentado por un grupo de policías que se encuentran bajo investigación en un sumario administrativo. La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 253, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a varios efectivos que habían cuestionado una resolución previa de la Inspección General de Seguridad (IGS), organismo encargado de controlar el accionar policial.
En su presentación, los agentes sostenían que se les había limitado el derecho a declarar durante el proceso, lo que -según argumentaron- vulneraba garantías constitucionales básicas.
Según el documento publicado, los investigados serán: Comisario General -Personal Policial - Andrada Alcaya, Ricardo Horacio; Comisario -Personal Policial- Navea Pizarro, Ceferino Angel; Comisario -Personal Policial- Miranda Martínez, Pedro Alejandro; Sargento Ayudante -Personal Policial- Fredes Alaniz, Gabriel Sergio; Sargento Ayudante -Personal Policial Stipo Hauser, José Horacio; Sargento Ayudante -Personal Policial- Pérez Pavez, Juan Alberto; Sargento Ayudante -Personal Policial Rivero Zelada, Sergio Gustavo; Sargento 1° -Personal Policial- Castillo Ferreyra, Ivana Paola; Sargento -Personal Policial- Bordón Urriche, Fabián Idelfonso, y Agente -Personal Policial- Cortez Obredor, Héctor Manuel.
Sin embargo, tras analizar el caso, la Asesoría de Gobierno concluyó que el planteo no tenía sustento. En su dictamen, indicó que el procedimiento sumarial se viene desarrollando dentro de los marcos legales y que en ningún momento se afectó el derecho de defensa de los involucrados.
Además, se remarcó que el sumario administrativo es justamente la instancia en la que los agentes pueden ejercer su defensa, presentar pruebas y responder a las imputaciones. En ese sentido, el organismo asesor entendió que no hubo irregularidades ni motivos para declarar la nulidad del proceso.
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Con esos argumentos, el Ejecutivo provincial resolvió admitir formalmente el recurso, pero rechazarlo en lo sustancial, confirmando así la validez de la resolución emitida en 2022 por la IGS.
Con la firma del Gobernador, el decreto rechaza la pretensión sustancial de los policías y confirma la Resolución 35/2022 de la Inspección General de Seguridad.
De esta manera, el sumario continúa su curso y será la Junta de Disciplina la que, en última instancia, determine si corresponde aplicar sanciones a los efectivos involucrados.
El decreto también informa a los policías que aún pueden recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, la cual deberá ser presentada dentro de los 30 días desde la notificación de la medida.
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