Cornejo aceptó la renuncia de una cuestionada fiscal de Malargüe

Irregularidades en su accionar y el pedido de iniciar un Jury de Enjuiciamiento por parte del procurador de la Corte la hicieron dimitir de su cargo. Finalmente este martes su salida fue confirmada. ¿Decisión favorable?

Cornejo aceptó la renuncia de una cuestionada fiscal de Malargüe

Por: Andrés Figueroa

El Gobierno de la provincia le aceptó este miércoles la renuncia a Andrea Lorente, quien se desempeñaba como fiscal de Instrucción y Penal de Menores en el departamento de Malargüe.

"Entiendo que mi renuncia indeclinable es el mejor camino para lograr que otro profesional pueda intentarlo", rezaba el escrito presentada por la funcionaria el pasado viernes, quien previamente había asegurado que "dio todo" pero que eso "no fue suficiente".

Lorente había sido cuestionada por Alfredo Cornejo y denunciada por el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, por los resultados que dejó una auditoría sobre la fiscalía de Malargüe, en donde, según infromaron autoridades gubernamentales encontraron casos de "falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, inacción en causas de maltrato infantil, desmanejo en casos de violencia de género y concesión de libertades indebidas a imputados con antecedentes penales graves".

A esto se le sumaron procesos paralizados sin justificación por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas e inacción en expedientes por delitos contra la administración pública.

Ante esto y el pedido del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, de iniciar un Jury de Enjuiciamiento, la magistrada presentó la renuncia al Gobernador Alfredo Cornejo. La dimisión fue aceptada y publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 1407 firmado por la vicegobernadora Hebe Casado (ya que Cornejo está en Brasil) y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La aceptación por parte del Gobernador (con la firma de la vice) no deja de ser una decisión que favorece a Lorente, quien va a eludir el proceso de jury y conservará los beneficios como magistrada.

Qué pasó

Todo comenzó con una investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal, organismo que documentó cada afirmación para pedir el Jury de Enjuiciamiento de la fiscal de Malargüe. Allí, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, aseguró que la magnitud de la gravedad detectada se centra en una serie de irregularidades que se acumularon en al menos 22 causas judiciales y configuran incumplimientos reiterados de sus deberes como funcionaria.

Gullé advirtió que "las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves", con un impacto directo en causas sensibles vinculadas a delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, violencia de género, maltrato infantil y hechos que involucraban a funcionarios públicos.

Entre las principales irregularidades detectadas se destacan:

-Falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, con causas que fueron mal calificadas, con escasa o nula actividad investigativa y que, en algunos casos, prescribieron sin resolución.
-Inacción en expedientes de maltrato infantil, sin medidas judiciales urgentes ni impulso procesal, pese a reiteradas denuncias y antecedentes existentes.
-Desmanejo en causas de violencia de género, con omisión del contexto, imputaciones leves, libertad otorgada a agresores reincidentes y falta de aplicación de leyes y tratados internacionales.
-Concesión de libertades indebidas a imputados con antecedentes penales graves, eludiendo los requisitos legales para la prisión preventiva.
-Causas paralizadas sin justificación por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas, que prescribieron por falta de actuación.
-Inacción en expedientes por delitos contra la administración pública, como peculado, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de la libertad por parte de personal policial, sin que se promovieran medidas procesales ni avances sustantivos.

Según detalla el procurador de la Corte, el incumplimiento de Lorente corresponde a normas clave como el Código Procesal Penal de Mendoza, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (8008), la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26485) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061), además de tratados internacionales.

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