Un fallo de la Corte reconoció derechos mapuches en la Patagonia

Organizaciones constitucionalistas aseguran que la resolución marca un precedente peligroso. Los Mapuches deben ser consultado en la toma de decisiones de Villa Pehuenia.

Un fallo de la Corte reconoció derechos mapuches en la Patagonia

Por: Mendoza Post

La Corte Suprema convalidó la creación del municipio de Villa Pehuenia y reconoció los derechos mapuches para participar en la toma de decisiones del municipio. No obstante la resolución generó un debate inesperado, sugerido por organizaciones constitucionalistas y especialistas en derechos de pueblos indígenas y originarios, debido a que piensan que la situación es intermedia y además puede generar un precedente peligroso.

El fallo judicial indica que las autoridades de dicha localidad deben implementar una mesa de diálogo y consulta para que los mapuches puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren.

Quienes firmaron la resolución fueron los jueces Juan Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, más el voto del juez Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz fue el único que votó en contra al argumentar que los mapuches no pueden pretender derechos políticos que no tiene otro grupo que integra el pueblo argentino. 

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El fallo deja la puerta abierta para una fragmentación de la soberanía nacional, desconociendo la organización del Estado, aunque quienes avalaron la situación aseguran que se está reconociendo una "especificidad propia de los derechos de los pueblos originarios".

Marcela Basterra, constitucionalista y expresidenta del Consejo de la Magistratura porteño explicó que "el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional les reconoce a los pueblos indígenas expresamente determinados derechos, a la preexistencia étnica y cultural, a la educación bilingüe e intercultural y a su identidad".

"En esta lógica se entiende razonable que la mayoría de la Corte, haya entendido que las comunidades tienen el derecho a ser consultados con el consiguiente deber de las autoridades de implementar mecanismos de consultas y comunicación", agregó. 

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"Sin embargo, ello no debe implicar el reconocimiento de derechos políticos fuera de los mecanismos de participación ciudadana que la propia constitución establece para todos sus destinatarios", finalizó Basterra.

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