Mientras el sindicato docente culpa a la falta de inversión y reclama más dinero, los mendocinos invertimos $120 mil al año por cada alumno.
¿Quién es responsable de la baja calidad educativa?
Sebastián Henríquez, titular del gremio docente de Mendoza (SUTE), reclamó que, en términos de la calidad de la Educación, "la única agenda que hay en Mendoza es cambiar las resoluciones del calendario escolar o discutir el presentismo docente, pero nada de eso se ve reflejado en los resultados".
Para Henríquez, como para muchos estatistas, la única solución a los problemas es más plata. Al punto que, cuando Ricardo Montacuto en su programa Te Digo lo Que Pienso, que se emite por Radio Nihuil le marcó que en un tema tan importante como la educación, el gremio y el Estado deberían trabajar juntos y no enfrentados, Henríquez dijo que "mientras el gobierno no esté dispuesto a invertir más en educación, vamos a estar enfrentados".
Sebastián Henríquez reclama más inversión
Se entiende que el trabajo de Henríquez es mejorar la calidad de vida de los docentes, no la educación en sí, aunque los docentes sean quienes administran la educación, es el Estado quien decide cómo, qué, cuándo y dónde se imparte este servicio público. Incluso decide también en el sector privado.
Las clases comenzarán el 21 de febrero en Mendoza
El Estado les quitó a los padres la potestad de decidir sobre la educación de sus hijos. Salvo en la moral y los modales, la educación de los niños es decisión de los gobiernos, entonces sucede algo natural: la sociedad deja de preocuparse por aquello donde no tiene ninguna injerencia ni la más mínima capacidad para cambiar algo.
En mayo, en relación a la vuelta a clases presenciales, el titular de la DGE, José Thomas, sostuvo que "el Estado no puede dejar en manos de los padres el derecho de la educación del niño."
En Argentina, como en la mayoría de los países, la educación es intervenida por el Estado, y toda intervención del Estado separa al sujeto de derecho (en este caso los niños) de su derecho (en este caso la educación), simplemente porque el "derecho" que les da es el que el Estado quiere darle. Por eso todos los gobiernos utilizan al sistema educativo para adoctrinar, según las necesidades e ideologías predominantes y los padres no tienen a quién recurrir.
La educación es un monopolio manejado por el Estado pero financiado por la sociedad. Pagamos con nuestros impuestos el aprendizaje de los niños y adolescentes pero no podemos decidir más que la ubicación y el estado edilicio de la escuela, y en muchos casos ni esa elección tenemos. Sobre la educación en sí, la sociedad no tiene injerencia, y mucho menos los padres.
Otra consecuencia de que la educación sea un monopolio estatal es que nadie es responsable de ese bien porque el Estado no existe realmente, no tiene una existencia ontológica, el Estado es el conjunto de funcionarios que toman decisiones y los empleados que administran esas decisiones. En este contexto, los padres sólo son responsables de asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela pero, una vez adentro, la responsabilidad sobre el servicio educación se desdibuja en una línea vertical formada por un sinfín de empleados y funcionarios. Si el ministro de Educación fuera legalmente responsable de la calidad educativa estarían en problemas todos los ex ministros desde 1983 hasta la actualidad, pero como no hay nadie a quien endilgarle la responsabilidad de la calidad educativa, entonces no hay calidad.
El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que no reducirá el presupuesto educativo
Si, en cambio, los padres fueran responsables de la calidad educativa, se asegurarían de mejorarles el servicio educativo a sus hijos no por miedo a ir presos sino porque la mayoría quiere lo mejor para sus hijos y, lo mejor que un padre puede dejarle a un hijo, es una buena educación.
La enseñanza de la pandemia
La pandemia y el cierre de las escuelas prendió una protorevolución educativa en Argentina y otros países, porque los progenitores fueron el año pasado partícipes de la educación de los chicos y se dieron cuenta del bajísimo nivel que tiene el servicio educativo tanto en cuanto a contenidos (decididos por los funcionarios) como en la forma de darlos (administrados por los docentes). Los padres se dieron cuenta de que el Estado brinda una educación paupérrima y entonces comenzaron a formar las "escuelitas blue". Se agruparon y contrataron ellos a distintos profesores y les pidieron que amplíen, mejoren y avancen en los contenidos que daba originalmente la escuela. Claro que eso lo pudieron hacer muy pocos padres, los que tenían el dinero para pagar profesores particulares.
La "educación blue" nació con la pandemia y despertó a muchos padres
Ahora bien, el presupuesto de la DGE para el año que viene, con lo destinado a Infraestructura incluido, es de 76 mil millones de pesos. Si dividimos esta cifra entre los cerca de 500 mil alumnos del sistema público y privado, la sociedad invierte unos 120 mil pesos al año por alumno. Con 12 mil pesos por mes por cada alumno, hasta el niño más pobre tendría un mejor servicio educativo que el que hoy le brinda el Estado.
Por eso, el tema de la calidad educativa depende directamente de la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Mientras los padres no tengan ni voz ni voto, la educación va a seguir siendo de baja calidad y, mucho peor, creadora de la peor desigualdad que pueda haber entre los niños: la desigualdad en conocimientos, que es lo único que puede asegurar el desarrollo de las personas.
Y los sindicatos y los gobiernos seguirán diciendo que es una cuestión de plata.
Thomas detalló que la tendencia es llegar a 190 días de clases
