La Provincia aprobó un nuevo sistema para calcular sanciones por desmontes ilegales, incendios y daños a la flora nativa. La reincidencia, el uso de fuego y la afectación de áreas protegidas harán crecer significativamente las multas.
Desmontar monte nativo saldrá más caro: Mendoza endurece multas
El Gobierno de Mendoza aprobó una nueva metodología para calcular las multas por desmonte de flora nativa y bosques nativos, con el objetivo de actualizar sanciones que las autoridades consideraban desfasadas frente al daño ambiental generado.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 467 de la Dirección de Áreas Protegidas y establece un esquema que busca otorgar mayor objetividad a las sanciones, incorporando variables que hasta ahora no eran contempladas de manera sistemática. Entre ellas aparecen la gravedad del daño, la ubicación de la intervención, la presencia de especies protegidas y los antecedentes del infractor.
Según los fundamentos de la resolución, el mecanismo vigente podía generar diferencias entre sanciones aplicadas a situaciones similares y no contemplaba adecuadamente factores como la reincidencia o el valor ambiental del área afectada.
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El nuevo sistema parte de una fórmula que toma como base la superficie intervenida y un valor de 500 Unidades Fijas por hectárea afectada (cada Unidad Fija tiene un valor de $500). A partir de allí se incorporan distintos coeficientes que aumentan o reducen la sanción según las características de cada caso.
Uno de los elementos centrales es el denominado Índice de Severidad Ambiental (ISA), que evalúa siete aspectos distintos. Entre ellos se encuentran el tipo de actividad realizada, el uso de fuego, el nivel de protección ambiental de la zona, la cobertura vegetal afectada, la posibilidad de recuperación natural del ecosistema, la existencia de fauna o flora amenazada y el cumplimiento de órdenes de suspensión de actividades.
Las conductas más severamente castigadas serán aquellas que impliquen la eliminación total de la cobertura vegetal, especialmente cuando se utilice fuego de manera intencional o se produzcan alteraciones adicionales del terreno, como nivelaciones, compactación del suelo o intervenciones sobre cauces de agua.
La ubicación también tendrá un peso decisivo en el cálculo. Los desmontes realizados dentro de áreas naturales protegidas recibirán una valoración mucho más alta, especialmente si ocurren en reservas científicas, parques provinciales o zonas intangibles. Del mismo modo, se incorporan las categorías establecidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde las áreas clasificadas como de máxima protección recibirán los puntajes más elevados.
La normativa también incorpora criterios vinculados con la biodiversidad. Si el área afectada constituye hábitat de especies consideradas en peligro crítico, en peligro o vulnerables, el puntaje de severidad aumentará considerablemente. Para ello se utilizarán registros oficiales, relevamientos de campo y mapas de distribución de especies protegidas.
Otro aspecto novedoso es el endurecimiento de las sanciones para quienes reincidan. Mientras una primera infracción mantendrá el valor base de la multa, una segunda duplicará la penalización, una tercera la cuadruplicará y, a partir de la cuarta infracción, el monto podrá multiplicarse por diez.
La resolución también prevé circunstancias atenuantes. Entre ellas figuran obras vinculadas a servicios públicos esenciales, proyectos que cuenten con autorizaciones ambientales pero hayan incumplido parcialmente alguna condición, o situaciones en las que el infractor colabore con medidas de restauración y compensación ambiental.
El nuevo esquema fija además un tope máximo de 200.000 Unidades Fijas para las multas aplicables a este tipo de infracciones.
Con esta actualización, Mendoza busca que las sanciones ambientales dejen de depender únicamente de la cantidad de hectáreas afectadas y reflejen también el valor ecológico del área intervenida, el nivel de daño generado y el comportamiento posterior del responsable.
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