Un histórico conflicto limítrofe volvió a escalar por una zona donde se proyecta una inversión de unos US$18.000 millones.
Crece la disputa entre La Rioja y San Juan por un territorio
Un histórico conflicto por los límites entre La Rioja y San Juan volvió a escalar en las últimas semanas y ahora suma un nuevo ingrediente: el desarrollo de un megaproyecto minero de cobre que promete convertirse en una de las inversiones más importantes del país. La posibilidad de explotar uno de los mayores yacimientos de la cordillera reactivó un reclamo territorial que se remonta a más de medio siglo y abrió un nuevo frente de tensión entre ambos gobiernos provinciales.
La controversia se centra en una franja de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados ubicada sobre la cordillera de Los Andes, en una zona rica en recursos minerales. La Rioja sostiene que ese territorio le fue quitado en 1968 mediante una ley sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y que la delimitación carece de legitimidad por haber sido establecida sin la intervención del Congreso. En cambio, San Juan considera que los límites provinciales se encuentran plenamente vigentes y rechaza cualquier intento de modificar la jurisdicción actual.
La discusión cobró un nuevo impulso debido al avance de un proyecto de cobre cuya inversión inicial fue estimada en unos 18.000 millones de dólares. El emprendimiento se ubica en el área que ambas provincias consideran propia y es visto como una oportunidad estratégica por el potencial económico que representa para la región. La explotación del cobre aparece como uno de los sectores con mayor proyección dentro de la transición energética mundial, ya que el mineral es indispensable para la fabricación de vehículos eléctricos, redes de transmisión y tecnologías vinculadas a las energías renovables.
En los últimos días, tanto La Rioja como San Juan avanzaron con medidas legislativas destinadas a reforzar sus respectivas posiciones. El gobierno riojano impulsó una norma que declara la nulidad de la ley que fijó los límites en 1968 y habilita nuevas acciones para reclamar el territorio, mientras que las autoridades sanjuaninas respondieron ratificando la vigencia del trazado actual y advirtieron que una provincia no puede modificar de manera unilateral los límites establecidos por la legislación nacional.
Más allá del debate jurídico, el conflicto también tiene implicancias económicas. La definición sobre la jurisdicción de esas tierras determinará qué provincia tendrá competencia para otorgar permisos, controlar la actividad minera y percibir regalías e ingresos derivados de la explotación del yacimiento. Por esa razón, el diferendo trasciende la cuestión geográfica y se convirtió en una disputa por recursos estratégicos que podrían generar empleo, inversiones e importantes ingresos fiscales durante las próximas décadas.
El caso también pone en evidencia la creciente importancia que adquirió la minería del cobre en Argentina. En un contexto de fuerte demanda internacional por minerales críticos para la transición energética, varias provincias cordilleranas buscan atraer inversiones para desarrollar nuevos proyectos. Esa competencia incrementó el valor de determinadas zonas de frontera y reavivó discusiones territoriales que permanecían latentes desde hace décadas.
Mientras continúan los cruces políticos entre las administraciones de los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego, el conflicto podría trasladarse nuevamente al ámbito judicial si no se alcanza un acuerdo entre ambas provincias. Hasta entonces, el futuro del territorio en disputa y del millonario proyecto minero continuará siendo uno de los temas de mayor impacto político y económico en el oeste argentino.
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