El proyecto presentado por el Gobierno provincial busca crear un marco legal para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas. La iniciativa contempla que los propios vecinos puedan impulsar el procedimiento mediante una denuncia.
Cómo hacen los vecinos para denunciar un aguantadero en Mendoza
El proyecto de ley que el Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura para intervenir y, en casos extremos, demoler inmuebles utilizados como "aguantaderos" establece que los vecinos podrán convertirse en el punto de partida de las actuaciones. Según el texto que comenzó a debatirse en la Legislatura, el procedimiento podrá iniciarse a partir de una denuncia de un particular, además de informes policiales, requerimientos judiciales o actuaciones de otros organismos públicos. Una vez recibida esa presentación, el Estado deberá verificar la situación mediante informes técnicos y policiales antes de decidir cualquier intervención sobre el inmueble.
Al respecto la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó al Post que la vía para que los vecinos denuncien estas situaciones son las reuniones periódicas entre los barrios y la Dirección General de Relaciones con la Comunidad. Aunque también precisó que son válidas las alertas por redes sociales u otros canales, como las denuncias online a través del Ministerio Público Fiscal. "Muchas de las intervenciones que hicimos fue a partir de mensajes que recibí por Instagram", precisó la funcionaria.
En la práctica, un vecino que detecte una propiedad utilizada como refugio de delincuentes, punto de venta o consumo de drogas o que represente un riesgo para la seguridad del barrio podrá aportar la dirección exacta del inmueble y toda la información que permita acreditar esa situación, como fotografías, horarios de movimientos sospechosos o cualquier otro elemento útil para la investigación. Luego de recibir estos datos se abre un expediente de oficio donde se analiza la situación puntual.
A diferencia de Modo Testigo, el programa que permite reportar infracciones viales a través de una línea de Whatsapp habilitada para tal fin, no se ha creado este canal porque es necesario un proceso previo de análisis que determine que el inmueble es peligroso para la comunidad.
El proyecto presentado busca darle respaldo legal a una política que el Ministerio de Seguridad y Justicia ya viene aplicando desde 2024 mediante el Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, creado por la Resolución 2579.
Ese procedimiento comienza con la denuncia o con informes de organismos públicos y continúa con la apertura de un expediente administrativo. Luego se incorporan informes policiales, relevamientos catastrales y socioambientales para determinar si el inmueble efectivamente está siendo utilizado para actividades delictivas o representa un riesgo para la comunidad.
Ver: Demolieron un aguantadero delictivo en El Sauce
Posteriormente se identifica y notifica a los titulares registrales de la propiedad, quienes tienen la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y adoptar medidas para recuperar el inmueble. Solo una vez agotadas esas instancias se define qué tipo de intervención corresponde. La demolición constituye el último recurso y no la consecuencia automática de una denuncia.
Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en Maipú, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia demolió una vivienda de calle 20 de Junio. De acuerdo con la información oficial, el expediente se inició a partir de denuncias vecinales, que luego fueron respaldadas por informes policiales y relevamientos técnicos.
Las inspecciones determinaron que la vivienda estaba abandonada, sin puertas ni ventanas, y era utilizada como refugio, aguantadero y lugar para consumir estupefacientes. Además, la Policía había intervenido en reiteradas oportunidades tras llamados al 911.
En ese caso, los herederos del inmueble reconocieron el estado de abandono de la propiedad y prestaron conformidad para la demolición. Finalizados los trabajos, quedaron obligados a retirar los escombros y ejecutar un cerramiento para evitar nuevas ocupaciones.
Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, desde la implementación de esta política ya se iniciaron 48 expedientes administrativos, se concretaron 12 demoliciones y se realizaron otras siete intervenciones, entre ellas tapiados preventivos y procedimientos que permitieron que los propietarios recuperaran el control de sus inmuebles sin necesidad de demolerlos.
