Mendoza habilita regularizar viviendas del IPV ocupadas por terceros

Una nueva ley permite que quienes compraron o habitan una casa del Instituto Provincial de la Vivienda sin ser sus adjudicatarios originales puedan solicitar la titularidad. También contempla situaciones de ocupación sin documentación, aunque establece requisitos y excepciones.

Mendoza habilita regularizar viviendas del IPV ocupadas por terceros

Por: Andrés Figueroa

El Gobierno de Mendoza promulgó una ley que permitirá regularizar la titularidad de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que actualmente se encuentran en manos de personas distintas de sus adjudicatarios originales. La normativa contempla tanto a quienes adquirieron una propiedad mediante acuerdos particulares como a quienes la ocupan desde hace años sin contar con documentación que acredite su derecho sobre el inmueble.

La medida quedó establecida mediante la Ley 9738, publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza. Su objetivo es establecer un procedimiento para resolver situaciones de irregularidad habitacional y facilitar la escrituración de casas construidas o financiadas por el IPV que todavía figuran registradas a nombre del organismo provincial.

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es que una persona que ocupa una vivienda del IPV sin ser su adjudicataria podría acceder a la titularidad, siempre que cumpla determinadas condiciones. Para los casos de ocupación sin título, la ley exige demostrar una posesión pública, pacífica y continua durante un período mínimo de tres años.

En esas circunstancias, el IPV tendrá facultades para revocar la adjudicación original y otorgar la vivienda al ocupante, mediante un procedimiento administrativo que deberá respetar el debido proceso. Esto significa que el organismo podrá revisar situaciones en las que una propiedad fue entregada a una familia, pero terminó siendo habitada por otras personas que no cuentan con un título legal.

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Sin embargo, la norma establece limitaciones. No podrán utilizar este mecanismo quienes ocupen viviendas sobre las que exista una denuncia de usurpación en trámite o una condena anterior a la sanción de la ley. Tampoco se aplicará cuando el adjudicatario original o sus sucesores hayan iniciado acciones judiciales para recuperar el inmueble.

Quedan excluidas, además, las ocupaciones de terceros expresamente autorizadas por el IPV y, como regla general, las viviendas cuyo crédito ya fue cancelado. En este último caso, se contempla una excepción cuando el ocupante pueda demostrar que fue quien efectivamente pagó la deuda.

La nueva legislación también alcanza a quienes compraron una vivienda del IPV mediante un boleto de compraventa, una cesión de derechos, una permuta u otro instrumento, sin haber formalizado posteriormente el cambio de titularidad ante el organismo.

Para estos casos, los interesados deberán acreditar que habitan la propiedad desde hace al menos un año, de manera pública, pacífica y continua. Además, tendrán que demostrar que el crédito hipotecario se encuentra al día o que suscribieron un plan de pagos para regularizar la deuda pendiente.

En todos los supuestos, los solicitantes deberán cumplir requisitos generales. Entre ellos, no ser propietarios de otros inmuebles, salvo determinadas excepciones, acreditar una residencia legal mínima de cinco años en Mendoza, contar con DNI argentino y demostrar capacidad de pago.

La norma también dispone que los beneficiarios no podrán haber recibido previamente otra vivienda o crédito habitacional del IPV o de instituciones públicas comprendidas en las condiciones establecidas.

Otro punto importante es que la regularización no implica recibir gratuitamente una vivienda. Cuando se apruebe el cambio de titularidad por una transferencia, el nuevo beneficiario deberá continuar pagando las cuotas pendientes del crédito original.

En cambio, cuando se trate de una persona que ocupa una vivienda sin título, el IPV determinará su valor y establecerá un nuevo crédito. Para calcularlo, podrá descontar las cuotas del financiamiento anterior que el ocupante demuestre haber abonado.

La ley también incorpora cambios para facilitar la cancelación anticipada de créditos habitacionales. El Directorio del IPV podrá recalcular el capital adeudado tomando como referencia el valor del crédito o el costo de reposición de la vivienda, aplicando el importe que resulte menor. Esta herramienta busca corregir posibles distorsiones generadas por mecanismos de actualización de las deudas.

Una vez completada la regularización, se procederá a la escrituración de la vivienda a nombre del nuevo adjudicatario. Cuando exista un saldo pendiente, deberá constituirse una hipoteca a favor del IPV como garantía de pago.

Los trámites estarán sujetos a una tasa administrativa que establecerá el organismo, con un máximo equivalente al 4% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para que el nuevo sistema pueda implementarse, la ley establece que el Directorio del IPV tendrá un plazo máximo de 90 días corridos desde la promulgación para dictar su reglamentación, en la que deberán precisarse los requisitos documentales, los procedimientos y las condiciones para iniciar las solicitudes. 

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