Avanza una "guía" contra abusos en clubes deportivos en Mendoza

La Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado de Mendoza comenzó a analizar un proyecto de ley que propone la creación de una guía de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en el ámbito deportivo provincial. 

La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas de prevención, actuación y acompañamiento frente a casos que puedan producirse dentro de clubes e instituciones deportivas de Mendoza.

Durante la reunión constitutiva de la comisión, se definieron las autoridades del espacio legislativo. La senadora Evelin Pérez fue designada presidenta, mientras que Adriana Cano ocupará la vicepresidencia. 

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El cuerpo también quedó integrado por las legisladoras Patricia Sánchez, Natalia Rabite, Jésica Laferte, Natacha Eisenchlas y María Pía Fanelli.

En el encuentro, las senadoras analizaron una propuesta impulsada por la ex diputada Giuliana Díaz, que busca incorporar a la Ley Provincial del Deporte Nº 6457 un capítulo específico destinado a la protección integral ante situaciones de violencia en el ámbito deportivo. La iniciativa establece la implementación de una "Guía de Intervención Institucional ante situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual" para todas las instituciones deportivas de la provincia, independientemente de su categoría o modalidad.

El proyecto tiene como finalidad prevenir, abordar y erradicar situaciones de violencia y abuso que sean detectadas o denunciadas dentro de clubes y espacios deportivos. Además, contempla casos ocurridos en ámbitos intrafamiliares que puedan manifestarse dentro del entorno deportivo, promoviendo mecanismos de intervención y acompañamiento adecuados.

Durante el debate, Giuliana Díaz explicó que la propuesta tomó como referencia protocolos ya aplicados en instituciones educativas y que posteriormente fueron adaptados a la realidad de los clubes deportivos. También subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género transversal en las políticas públicas y sostuvo que el deporte no puede quedar excluido de ese debate.

La autora de la iniciativa también se refirió a recientes episodios relacionados con prácticas de "bautismos" en el hockey y advirtió que muchas situaciones de violencia han sido históricamente naturalizadas dentro de distintos clubes. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal del proyecto es generar herramientas eficaces para prevenir hechos de violencia, intervenir rápidamente y acompañar a las víctimas.

En la discusión legislativa se explicó además que, durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, se resolvió incorporar la guía de intervención como un anexo y no dentro del cuerpo principal de la ley. Según detalló Díaz, el cambio buscó evitar que algunas instituciones deportivas consideraran excesivamente rígidas o difíciles de cumplir determinadas exigencias, especialmente aquellas entidades con menos recursos o estructura organizativa.

Por su parte, la senadora Adriana Cano planteó la necesidad de que el texto establezca con mayor claridad cuáles serán los requisitos mínimos que deberán cumplir los clubes para garantizar una correcta implementación de la normativa. En la misma línea, Evelin Pérez coincidió en la importancia de precisar los alcances de la ley para facilitar su aplicación en todas las instituciones deportivas de la provincia.

La iniciativa también establece que las asociaciones civiles deportivas deberán desarrollar campañas de prevención y sensibilización sobre violencia de género, discriminación y abuso sexual. Asimismo, propone capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Micaela destinadas a dirigentes, entrenadores, deportistas, trabajadores y colaboradores de los clubes. Estas instancias de formación deberán realizarse al menos una vez por año y contemplar diferentes horarios y modalidades para garantizar la participación.

Además, el proyecto prevé acciones de difusión a través de páginas web, redes sociales, folletería y charlas informativas, junto con la creación de canales accesibles para consultas y solicitudes de intervención ante posibles situaciones de violencia o abuso.

Finalmente, la guía de intervención institucional fija una serie de principios rectores para el abordaje de estos casos, entre ellos el respeto y la escucha activa de las víctimas, la confidencialidad, la no revictimización, la rapidez en las intervenciones y el acompañamiento con perspectiva de género.

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